Ningún delito debería quedar impune, por consideración hacia sus víctimas y porque la impunidad alienta a los delincuentes, desacredita la judicatura y mina la confianza en el sistema, allanando de paso el camino a los populismos. Dejar un crimen sin castigo puede ser, además de una injusticia social, un error político.
Dicho esto, cabe afirmar con idéntica convicción que las causas judiciales instigadas con intencionalidad política e insuficiente o nulo fundamento, instruidas con parsimonia por jueces a veces incapaces de sustanciar los supuestos indicios delictivos e instrumentalizadas por partidos para hostigar al rival, tampoco son de recibo y además socavan la democracia.
Koldo García, que fue asesor del exministro Ábalos, declaró en el Supremo
La oposición conservadora se relamía, a principios de esta semana, ante un programa de interrogatorios judiciales que, en su opinión, abonaba la hipótesis de que el Gobierno es una mafia y opera como tal. El lunes, el comisionista Víctor de Aldama declaró ante el Tribunal Supremo. El martes, Koldo García, que fue asesor del exministro Ábalos, hizo otro tanto. El miércoles, fue Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, la llamada a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, que la imputó en abril aduciendo unas supuestas irregularidades que el informe de la Guardia Civil no detecta. Etcétera.
Ninguna de estas comparecencias arrojó datos concluyentes. Pero su agregación dio alas a los populares para proseguir con su discurso contra el Gobierno, basado en su presunta corrupción sistémica, que usan como ariete para derribar la puerta de la Moncloa y ocuparla. Antes, el ariete era la economía.
En el 2022, tres meses después de tomar el timón del PP, Alberto Núñez Feijóo vaticinó: “Nos dirigimos a una profundísima crisis económica” (que el Ejecutivo no iba a saber atajar). La semana pasada, The Economist reconoció la economía española como la más pujante entre las de los 37 países de la OCDE. ¿Qué fue de la profundísima crisis? Si algún día deja la política, a Feijóo le aguarda un brillante futuro en el oráculo de Delfos. Pero, ante ese horizonte, ahora ya no se entrena en el terreno de la economía, sino en el de la justicia.
Si políticos y jueces no detienen la judicialización de bulos, serán también responsables de sus efectos
No debemos temer la posibilidad de que un corrupto, sea cual sea su partido, acabe entre rejas. Al contrario, eso es en lo que confiamosqueacabe ocurriendo. Pero deberíamos ser capaces de hallar la manera de frenar a quienes propagan y judicializan bulos. Porque lo que les suele mover no es el afán de justicia, sino de acoso a quienes piensan distinto.
El juez Juan José Escalonilla, entonces adscrito a un juzgado de instrucción de Madrid, abrió en el 2020 el llamado caso Neurona, en el que imputó a distintos cargos de Podemos, incluso al propio partido como persona jurídica, abriendo varias líneas de investigación. Todas fueron decayendo, estériles, hasta que el magistrado admitió que no había delitos que perseguir en la formación morada. Antes de eso, durante tres años y medio, el partido estuvo bajo sospecha en los juzgados y fue vapuleado con saña en tribunas políticas y mediáticas derechistas, escandalizadas por hechos que se dieron por ciertos pero no se pudieron probar y quedaron en nada.
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En eso seguimos. Los casos son distintos, el procedimiento es el mismo. Personas de asociaciones y partidos de ultraderecha, o derechistas, presentan demandas en los tribunales que hallan rápido eco en los medios amigos y extienden la mancha sin verificarla.
No debe haber impunidad para quienes se corrompen y corrompen en el ejercicio de un cargo público. Tampoco para quienes embarcan a la justicia en sus manejos a sabiendas de que tienen poco o nada que denunciar. Porque además de acusar en falso a otras personas están corroyendo la confianza en la democracia y en la justicia. Si el poder político y el judicial no intervienen para detener esta deriva, estarán haciéndose responsables, por omisión, de sus efectos. El informe emitido esta semana por el CGPJ sobre la reforma de la instrucción de causas penales va por el buen camino. Pero conviene llegar al final de ese camino cuanto antes.
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