Salvador Illa, presidente de la Generalitat, tiene la intención de desbloquear el proyecto de la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que el Govern encabezado por su antecesor, Pere Aragonès (ERC), ha mantenido paralizado durante los últimos años. Ayer martes el Consell Executiu aprobó un requerimiento para que este mes de septiembre se reúna la comisión técnica que integran representantes del Ministerio de Transportes y del Departament de Territori. El objeto del encuentro sería definir el tipo de proyecto de mejora para la instalación aeroportuaria.
De momento, eso último, y nada más que eso, es lo acordado. Pero ya es bien sabido que los puntos de vista de los socialistas, ahora al frente de la Generalitat, no coinciden con los de ERC y Comuns, las dos fuerzas políticas que hicieron posible la investidura de Illa. El Ejecutivo catalán, cuyas tesis se alinean con las de Aena –construir una nueva terminal satélite y prolongar 500 metros una de las pistas–, habla de “mejora de capacidad” del aeropuerto, lo cual debe interpretarse como algún tipo de ampliación. A su vez, republicanos y comunes aceptan una operación de “modernización”, pero son contrarios a la ampliación.
En todo caso, los socialistas consideran que la ampliación del aeropuerto es imprescindible para el crecimiento de la economía catalana. Y dicen estar dispuestos a acometerla, llegado el caso, aplicando el correspondiente “paquete de medidas ambientales”. Para republicanos y comunes, una ampliación que comporte la intervención en parte de los espacios naturales protegidos junto al aeropuerto no debería ser tolerada.
La Generalitat que preside Illa retoma el proyecto de ampliación del aeropuerto
Esta discrepancia llegó ya a un extremo en el año 2021, cuando Aena respondió a una Generalitat –entonces presidida por Aragonès– muy reacia a la ampliación, renunciando a esta y retirando un presupuesto que rondaba los 1.700 millones de euros. Aun respondiendo a razones comprensibles, el desistimiento de la Generalitat fue muy controvertido, toda vez que desaprovechaba una oportunidad obvia, con cuantiosa inversión estatal incluida, en un momento en el que el aeropuerto de Madrid seguía encadenando proyectos de crecimiento. No es frecuente que un gobierno renuncie a una inversión tan apetecible, que además no corre a su cargo.
Los criterios ahora imperantes en la Generalitat son otros. La mejora de la capacidad del aeropuerto barcelonés es prioritaria para el Govern, como lo prueba el hecho que sea una de las primeras cuestiones abordadas poco más de tres semanas después de su toma de posesión. No se trata de lograr los objetivos a cualquier precio, desconsiderando razones medioambientales de peso. Pero sí se trata de no cejar en el empeño hasta alcanzar una solución que parezca razonable a todas las partes. Tanto los socialistas como los republicanos y los comunes han demostrado ya su habilidad en materia de negociación y pacto. Les animamos a seguir por esa senda, en busca del desarrollo más conveniente para Barcelona.
El tiempo apremia. El aeropuerto barcelonés se acerca ya al límite de su capacidad, fijado en los 55 millones de viajeros anuales. Los protocolos para poner en marcha un proyecto de esta envergadura exigen un periodo de preparación considerable. En el mejor de los casos, se estima que podrían iniciarse obras en el 2027. Con tal fin, el Govern se ha propuesto concretar una propuesta de intervención antes de que finalice el año. Hay que dejar atrás el período de parálisis y atender las necesidades del aeropuerto antes de que llegue a ese límite de capacidad. De hecho, ya está previsto que se aborden obras de mejora de menor escala antes de ese horizonte.
ERC y Comuns rechazan cualquier propuesta con afectación medioambiental
Han pasado quince años desde la última ampliación del aeropuerto, cuando entró en servicio la Terminal 1. La actividad económica ha crecido, pero el aeropuerto se ha mantenido igual, y con crecientes dificultades para absorber una demanda al alza. Si a inicios del siglo pasaban por El Prat menos de 20 millones de pasajeros anuales, en el 2019, año anterior a la pandemia, se superaron los 50 millones. La covid redujo esta cifra a una cuarta parte, pero el año pasado se rozaron los 50 millones. En el primer semestre de este año, el número de pasajeros creció un 13%. Mantener congelado el proyecto de ampliación sería, a ojos de la comunidad empresarial y de cuantos se benefician del atractivo de la ciudad, una opción de riesgo que conduce al colapso aeroportuario.