Vox anunció anoche la ruptura de los cinco gobiernos autonómicos en los que comparte el poder coaligado con el PP: Castilla y León, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Aragón y Extremadura. Esta decisión, dada a conocer por Santiago Abascal, líder del partido ultra, supone una importante sacudida en el flanco derecho del arco político español, donde ambas formaciones habían protagonizado a lo largo de los últimos años episodios de mayor o menor sintonía, pero no una fractura abierta como la que se produjo ayer.
La razón inmediata de esta ruptura es la crisis de los menores no acompañados concentrados en Canarias, donde arriba ahora la mayor parte de la inmigración ilegal, y sujetos a un plan de redistribución en otras comunidades autónomas regulado por ley. Son las proporciones de dicha redistribución las que han propiciado la crisis en las cinco autonomías gobernadas por PP y Vox. Porque los de Feijóo estarían dispuestos a aceptar una cuota total de redistribución de unos 400 migrantes menores (la mitad para autonomías del PP y Vox). Y porque los de Abascal consideran que eso no debe aceptarse. El vicepresidente ultra de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha llegado a asociar este rechazo a una cuestión de honor.
El cambio de gobierno en cinco autonomías sacude el lado derecho del arco político
Es oportuno, más allá de la dimensión política de esta crisis, detenerse brevemente en la cuestión social que la origina. Canarias tiene ahora a su cargo a unos seis mil menores no acompañados y opera con sus sistemas de acogida totalmente colapsados. No es que Canarias vaya a sacar mayor provecho de esos recién llegados, o que los incentive para que vengan: ocurre tan solo que sus costas son las mayoritariamente elegidas como destino por la migración africana. Por ello el principio de solidaridad entre las comunidades parece fundado en la lógica y debería materializarse con mayor agilidad. Algo que Vox, que asocia de modo indiscriminado a los menores que buscan un futuro mejor en territorio europeo con los autores “de violaciones, robos y machetazos”, no está dispuesto a consentir. Entre tanto, Canarias se siente incapaz de gestionar siquiera a tres mil de los seis mil jóvenes migrantes que ahora alberga. Porque solo estos tres mil significarían saturar al 150% su capacidad las instalaciones destinadas a tal efecto en su territorio.
La ruptura entre PP y Vox se produjo ayer, pero sus orígenes políticos quizás haya que buscarlos antes. La asociación entre ambos partidos ha reportado beneficios para ambas formaciones, pero también les ha supuesto problemas. El beneficio más obvio ha sido el ejercicio del poder en las cinco autonomías mencionadas. Pero, junto a eso, la asociación ha tensionado al PP, cuyo sector moderado, el que cree difícil recuperar el poder sin una decidida apuesta por la centralidad política, considera que su imagen pública se ha visto demasiado dañada.
Por lo que respecta a Vox, un resultado como el de las europeas de junio, en las que irrumpió el partido de extrema derecha Se Acabó la Fiesta, recogiendo 800.000 votos, en parte quizás procedentes del caladero frecuentado por Vox, posiblemente se haya interpretado como una invitación a marcar territorio y alejarse de lo que se pueda considerar como tibiezas. Y no cabe olvidar, por otra parte, la escena global, donde la extrema derecha populista se encuentra en fase de reorganización de fuerzas.
En la escena española, la ruptura de ayer tendrá un alcance difícil de precisar, más allá de que el Partido Popular intentará gobernar en solitario. Pero sí parece señalar un punto de inflexión en las políticas del PP y de Vox, que hasta la fecha habían valorado su asociación en cinco comunidades autónomas como algo prioritario y conveniente para ambos.