Al fin. Tras cinco años y medio con mandatos caducados, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene ya vía libre para su renovación. El PSOE y el PP, representados por Félix Bolaños, ministro de Justicia y de Presidencia, y Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional de los populares, alcanzaron ayer en Bruselas el acuerdo demorado durante más de 2.000 días, en lo que ha constituido una flagrante vulneración de la Constitución, que en su artículo 122 establece la renovación cada cinco años del mencionado organismo.
En un encuentro supervisado por Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, PSOE y PP pactaron una solución en la que destacan los siguientes acuerdos: proceder a la inmediata renovación del CGPJ y presentar una proposición de ley orgánica, impulsada por ambos partidos y que será tramitada con carácter de urgencia, cuya finalidad central será reforzar la independencia del Poder Judicial. Ambas fuerzas acordaron también nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional que estaba pendiente. Se espera que los puntos principales del acuerdo sean refrendados en un mismo pleno del Congreso en julio.
PSOE y PP acuerdan, por fin, la renovación del Consejo General del Poder Judicial
El acuerdo se ha rubricado cuando faltaban solo cinco días para que expirara el ultimátum dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al primer partido de la oposición. Si hubiéramos llegado al próximo domingo día 30 sin acuerdo, Sánchez habría procedido, según advirtió, a una reforma unilateral, sin la aquiescencia del PP, por la que habría introducido modificaciones en el sistema de nombramiento de jueces del Tribunal Supremo y de otras altas cortes, así como de las audiencias provinciales.
El pacto rubricado ayer constituye una muy buena noticia. En primer lugar, porque devuelve toda la legitimi- dad al CGPJ y pone fin a una irregularidad manifiesta que colisionaba con nuestra Carta Magna. En segundo lugar, porque debe permitir una composición del alto órgano de gobierno judicial acorde con la aritmética parlamentaria actual, algo que no se ha dado en los últimos años. Y, en tercer lugar, porque abre una vía de entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas españolas, precisamente cuando el desencuentro y la crispación entre ambas había alcanzado unas cotas irrespirables.
Es cierto que, ahora mismo, tal y como se encargó de recordar Bolaños, este acuerdo no es extrapolable a otros organismos de la Administración, como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Radiotelevisión Española o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que también necesitarían renovarse de inmediato o en un futuro próximo. Pero el hecho de desbloquear una cuestión tanto tiempo atascada como la del CGPJ indica que nada es imposible.
Dicho todo esto, y sin abandonar el tono de celebración que merece la noticia, se hace difícil olvidar los últimos cinco años, así como la contumacia de las partes. Particulamente del PP, que ha esgrimido un abanico de excusas para aplazar una y otra vez, hasta ayer mismo, la renovación. Más aún si tenemos en cuenta que los textos que sintetizan el acuerdo son muy parecidos a los redactados tiempo atrás y que fueron desestimados a última hora. No eran, pues, textos inaceptables. Era la ocasión la que no pareció a algunos políticamente oportuna.
Todo eso queda ahora atrás. Y nos felicitamos por ello. Otros partidos lo criticaron al vislumbrar una hipotética gran coalición entre los dos grandes. Pero es una buena noticia para todos los ciudadanos que aprecien en lo que vale la superación de una anomalía que ha erosionado durante un quinquenio el prestigio institucional español.