El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado de una tacada dos medidas de peso para aliviar la escasez de viviendas en la ciudad y frenar el éxodo de muchos barceloneses que no pueden afrontar el ritmo de subida de los precios. Una medida elimina un legado de su antecesora, Ada Colau, la otra sintoniza con ella. Jaume Collboni ha modificado aquel brindis al sol de obligar a los promotores de vivienda a destinar un 30% a pisos protegidos. La otra, más llamativa, tiene por objetivo que no haya un solo piso de uso turístico en Barcelona de aquí al 2028, aprovechando el arma legal que aporta un decreto de la Generalitat a todos los ayuntamientos de Catalunya para que regulen un sector tan floreciente como controvertido. Decreto, por cierto, impugnado ya ante la justicia.
Acabar con los 10.101 pisos turísticos de la ciudad no garantiza abaratar el mercado
Suprimir los 10.101 pisos turísticos censados en Barcelona antes de cinco años despierta, de entrada, aplausos, pero también algunas dudas. ¿Se trata de una medida que se ajusta a la legalidad o más bien sucumbirá ante ella tras las previsibles denuncias de propietarios y patronal que obtienen unos beneficios lícitos gracias al tirón y el atractivo de Barcelona en el mundo? El objetivo del alcalde Collboni es ambicioso y contundente. No estamos ante un frenazo a los pisos turísticos, sino ante un plan de liquidación del sector, poco simpático para muchos vecinos, pero menos contraproducente de lo que parece. Imputar a los pisos turísticos la escasez de vivienda de alquiler a precios “normales” en Barcelona sería simplista, como calcular que si estos 10.101 pisos dejan de acoger a turistas engrosarán automáticamente y a precios ventajosos el parque inmobiliario. La experiencia hasta la fecha no confirma en absoluto este automatismo (así son las leyes del mercado). Habrá que ver el desarrollo del previsible pulso legal entre Ayuntamiento y patronal, que alerta, además, del riesgo de que florezcan los pisos turísticos ilegales, una hipótesis nada descartable si tenemos en cuenta las posibilidades que ofrecen las aplicaciones en las redes. Entre un cerrojazo total que perjudicaría a muchos particulares y no hacer nada en favor del derecho a la vivienda debería haber margen de maniobra para el entendimiento y por el bien de Barcelona. Se trata, ante todo, de conseguir una mayor oferta y a precios más moderados. Todo lo que sean enfrentamientos entre la administración pública y el sector privado perjudica el objetivo. Mediante el diálogo y la cooperación se puede llegar más lejos. Así lo enseña el fracaso de una medida estrella de la alcaldesa Colau en la materia. Imponer al sector privado que asumiese una tarea social que no le correspondía –30% para pisos protegidos – dio pésimos resultados. O mejor dicho: no dio. Y por eso, hay un amplio consenso de enmienda.