Para el próximo martes día 18 está convocada una reunión de fiscales de sala, incluido el fiscal general del Estado y los cuatro fiscales que ejercieron su cometido en el juicio del procés . No se espera que sea una reunión plácida. Por el contrario, quizás sea tormentosa. Álvaro García Ortiz, fiscal general, dio ayer instrucciones a los fiscales del Supremo que intervinieron en el mencionado juicio –Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno– para que apoyen la aplicación de la ley de Amnistía, recientemente promulgada en el BOE. Asimismo, mandó que se retire la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Estas instrucciones de García Ortiz no han complacido en absoluto a sus destinatarios, que previamente ya habían presentado informes discrepantes respecto a la conveniencia de aplicar la ley de Amnistía a los dirigentes independentistas a los que en su día se atribuyó un delito de malversación. Y que ayer volvieron a la carga mostrando su rechazo a las ya citadas instrucciones del fiscal general.
La unidad de criterio y el apartamiento de la brega política señalan el camino que seguir
Podría decirse, pues, que las consecuencias del procés , que en tan gran medida han afectado en los últimos años la política catalana, la española, la convivencia social, la economía o la judicatura, están manifestándose ahora con preocupante intensidad en el ámbito de los fiscales. Las tormentas descargan aquí o allá, pero la borrasca se resiste a desaparecer.
En la presente encrucijada, parece pertinente recordar algunos hechos. Primero, que el fiscal general es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, una vez escuchado el Consejo General del Poder Judicial. Este es el procedimiento que se siguió en el caso de García Ortiz, como antes en el de sus antecesores. Segundo, que el fiscal general debe actuar con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. Y, tercero, que es al fiscal general a quien corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, y que sus directrices son esenciales para mantener el principio de unidad de actuación.
Huelga recordar que en España, por desgracia, a menudo la política está judicializada y la justicia está politizada. Y que se ha descendido tanto por esas pendientes que ambos estamentos han visto muy erosionado su necesario prestigio institucional. Como era de prever, ayer tuvimos nuevas muestras de esa colisión entre política y justicia (de hecho, las tenemos a diario): la secretaria general del PP pidió la dimisión del fiscal general y asoció lo que está sucediendo al “colmo de la desvergüenza”.
Conviene también recordar que la ley de Amnistía cuenta con el respaldo parlamentario. Y que aunque su elaboración fuera parte de la negociación encaminada a la última investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, sus efectos pacificadores sobre la política catalana son tangibles.
Dicho esto, es muy deseable que la reunión del próximo martes termine en un clima de mayor armonía que el que estamos viviendo estos días. También lo es que la unidad de criterio sea una realidad, además de un objetivo, puesto que una cosa es que el derecho sea interpretable y otra que en tan alto nivel de la judicatura suscite más discrepancias que coincidencias. Y es asimismo deseable que todos los que desempeñan la función fiscal, ya sea como representante mayor del ministerio fiscal o en distintos tribunales, incluido el Supremo, actúen en toda circunstancia con plena independencia y sin posibilidad de caer en ningún tipo de instrumentalización política.