Hasta aquí. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, manifestó el miércoles que si al finalizar el mes en curso no se ha alcanzado un acuerdo entre los dos grandes partidos para resolver la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ejecutivo tomará la iniciativa y, recabando apoyos en el Congreso, y dejando esta vez de lado a los populares, “dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional”. En otras palabras, Sánchez está dispuesto a desbloquear la renovación mediante un mecanismo que no requiera el concurso del PP.
No puede decirse que el presidente del Gobierno se esté comportando de modo impaciente. La caducidad del mandato de los miembros del CGPJ cumple hoy 2.020 días –más de cinco años–, contraviniendo de modo flagrante el mandato constitucional. A lo largo de tan prolongado periodo, el PP ha aducido una variopinta retahíla de excusas, que difícilmente pueden ocultar la cuestión de fondo: el CGPJ mantiene una mayoría de vocales conservadores que procede de los tiempos en que gobernaba Mariano Rajoy, y que entonces era la previsible, pero que no es la que corresponde cuando van a cumplirse siete años de la llegada a la presidencia de Sánchez.
El ultimátum de Sánchez al PP agita el debate sobre una reforma inaplazable
El anuncio del presidente levantó el miércoles la previsible polvareda. Desde el PP se dijo que no aceptaban ni chantajes ni ultimátums y se volvió a reclamar el arbitraje de Bruselas, como ya hizo meses atrás, sin resultados dignos de consideración. Más templada fue ayer la reacción de Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, que con buen criterio pidió a Sánchez que fuera más explícito respecto a sus planes para lograr el desbloqueo de la renovación, y le pidió también que se comprometiera a que sus medidas en ningún caso fueran a suponer una influencia del Gobierno en la elección de los altos jueces, algo que “resultaría aterrador”. Guilarte tiene razón. Habrá que ver si hay razones de peso para temer que las cosas lleguen a ese extremo. El presidente del Gobierno aseguró ayer que la propuesta del Ejecutivo será constitucional y respetuosa con la independencia del CGPJ. Es cierto que siguió sin entrar en grandes detalles, algo siempre conveniente, al menos a ojos de la ciudadanía. Pero también lo es que una de las opciones que podría estudiar el Gobierno es precisamente la formulada semanas atrás por el propio Guilarte, y que ayer fue reenviada por este, a título personal, a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado. Dicha opción propone modificar el sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de los vocales del CGPJ. Y no sería lógico esperar de Guilarte, un magistrado de perfil conservador, la conducta de un agente socialista. Alberto Núñez Feijóo mostró ayer mejor disposición para que su partido entrara en negociaciones.
Hemos abogado reiteradamente, como es natural, por la separación de los tres poderes del Estado, razón por la que consideraríamos inaceptable cualquier abuso que vulnere este principio. Pero ello no es óbice para que animemos a unos y otros a hallar de una vez por todas la salida del atolladero en el que se encuentra la judicatura española. El PP debe entender que su interés en cambiar el modelo de elección del CGPJ no es motivo suficiente para no renovarlo. Y menos después de tanto tiempo consintiendo la irregularidad que supone la caducidad del alto órgano judicial. Los ciudadanos, y en esto se puede coincidir por encima de ideologías, aspiran a que las instituciones funcionen a pleno rendimiento, y no renqueantes. No es de recibo el incumplimiento de este requerimiento básico. La larga e injustificable interinidad del CGPJ produce sonrojo, causa descrédito institucional al país y exige una solución urgente. Ya ha durado demasiado.