Escuchamos al doctor Josep Maria Ustrell, estomatólogo, decir su discurso de ingreso a la Real Academia de Medicina de Catalunya. Palabras, las suyas, de ciencia y sabiduría, pronunciadas con una claridad y sencillez poco habituales en esta clase de instituciones. El nuevo académico hace una defensa de la medicina practicada con valores humanos.
Ojalá que este mensaje lo pueda seguir transmitiendo en la universidad, pero he aquí que, como a otros tantos profesores, llenos de saber y pedagogía, el sistema universitario lo ha jubilado. La ley obliga a hacerlo a los setenta años, aunque el docente esté en lo mejor de su carrera y los estudiantes se pierdan la oportunidad de aprender más.
Aquellos profesores jubilados que además reúnen la condición de emérito, por sus méritos especiales, y porque se han comprometido a seguir trabajando por la universidad, son igualmente apartados de la docencia –pueden dar alguna clase de posgrado, sin estipendio– y, de hecho, loores y honores aparte, su experiencia ya no cuenta para la institución. Esta sacrifica a sus docentes más formados y se sacrifica a sí misma.
Prescindir de eméritos y jubilados es una muestra de edadismo o discriminación por edad
La jubilación del profesorado debería ser voluntaria y no depender de una cifra como la fecha de nacimiento. La Constitución española, artículo 14, dice que nadie debe ser discriminado por razón de nacimiento, y en este caso hay una discriminación palmaria.
Algún día nos daremos cuenta de que lo es y que atenta contra el principio de igualdad. No es válido el pretexto de que los séniors han de ceder el puesto a los jóvenes –cosa que culpabiliza a estos–, cuando la jubilación de maestros es una sinrazón que no obedece a la economía, ni menos a lo académico, sino a una mera costumbre, tan inigualitaria como la costumbre de discriminar a la mujer en la docencia universitaria.
Prescindir de eméritos y jubilados es una muestra de edadismo o discriminación por edad, además de un absurdo autosacrificio de la universidad. Puede acabar en el Tribunal Constitucional. Esperemos que no y que la ley y los estatutos universitarios corrijan la actual anomalía a tiempo.
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