La muerte trágica de dos guardias civiles en la bahía de Barbate (Cádiz) ha descargado la ira política sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que se pide la dimisión por haber dejado desprotegidas a las fuerzas de seguridad que luchan contra los narcotraficantes, que operan impunemente en las aguas gaditanas.
El problema no es solo si hay que relevar al ministro del Interior, sino cuál es la penetración real de los cárteles de la droga que campan a su aire por el sur de España enfrentándose a la policía, estableciendo complicidades con la población local y amenazando la convivencia.
O se ataja legal y policialmente el tráfico de drogas o tendremos problemas graves
La experiencia ha demostrado en México, Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador y en prácticamente todo el resto de América Latina, que todo empezó con pequeñas escaramuzas entre los narcos y la policía hasta convertirse en un serio problema de Estado, del que muchos de los países involucrados no se han recuperado todavía.
Violencia y muerte acompañan el mundo del narcotráfico. Dinero, armas y distorsión política son sus maneras de actuar. Un poder paralelo se enfrenta a las instituciones, que son incapaces de combatir a quienes se saltan olímpicamente la ley imponiendo sus normas y reglas criminales por allí donde pasan.
Las imágenes de la narcolancha que pasa por encima de la embarcación de defensa y asesina a dos guardias civiles dan la impresión de que ni Grande-Marlaska ni este ni los anteriores gobiernos se han tomado en serio la lucha contra el narcotráfico. El Primer Comando de la Capital, un cártel nacido en Brasil en los años noventa y que cuenta con 40.000 miembros en todo el mundo, está actuando en toda América y también en Europa. Hay más cárteles que dominan una amplia red de delincuencia organizada global.
Mucha mercancía se consume en Estados Unidos y en Europa, donde la cocaína y las drogas fuertes son cotizadas aun a costa de los perjuicios para la salud personal de cientos de miles de personas. Es un mercado de la muerte que afecta a los consumidores, pero sobre todo a los que son víctimas de las extorsiones y muertes perpetradas por cárteles criminales. O se ataja legal y policialmente a los jefes de la droga en nuestras costas o tendremos problemas muy graves.
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