Tras años sin lluvias de consideración, y con los embalses que se abastecen del Ter y el Llobregat en niveles de emergencia, la Comisión Interdepartamental de Sequía celebrará hoy una reunión extraordinaria a cuyo término se espera que declare el estado de alerta máxima, que lleva aparejadas restricciones del agua en el ámbito doméstico.
La sequía es un hecho consolidado, y muy manifiesto desde el 2022, pero sus consecuencias en casa empezarán a apreciarse a partir de ahora, en la medida en que los ayuntamientos lo decidan. En una primera fase, no todos se verán afectados, pero sí donde se estén consumiendo más de 200 litros de agua por persona y día. No es el caso de Barcelona ciudad, donde este consumo medio ronda los 173 litros, y las restricciones domésticas podrían aplazarse aun algunos meses.
El sector económico se une a la petición de aguas del Ebro para atenuar la escasez
Obviamente, la primera causa de las restricciones que van a empezar a implantarse en Catalunya es la sequía. Pero no es la única. También es determinante la falta de infraestructuras que permitan hacer frente a la escasez de lluvias y paliarla. Ante este déficit no cabe cruzarse de brazos. Hay que analizar todos los métodos para revertirlo y tomar decisiones antes de llegar a situaciones de emergencia como la actual. Ya vamos tarde.
Entre esos métodos, destaca el de las plantas desalinizadoras. El rendimiento de las catalanas, aunque importante, es insuficiente para combatir una sequía como la presente. Es por ello que, con buen criterio, se había previsto ampliar su número. Sin embargo, dos de esos equipamientos fueron desprogramados. Lo cual obliga ahora a las autoridades, si sigue sin llover, a barajar soluciones como el transporte en barco de agua al área de Barcelona.
Desde la Conselleria d’Acció Climàtica se ha insistido en que la solución al problema pasa por fomentar el consumo responsable del agua, ahorrándola. Es cierto que es preciso racionalizar tal consumo y evitar despilfarros. Pero de ahí a presentar el ahorro como la solución, y menos como la definitiva, media un trecho. Los recursos son finitos y, si no se avanza en desalinización y regeneración de aguas, puede llegar el día en que ahorrar resuelva poco.
Por ello sorprende la oposición de la Generalitat a considerar la opción del trasvase de aguas de la cuenca del Ebro. Tres colegios de ingenieros y el de economistas propusieron el pasado mes de diciembre precuperar el plan para interconectar las redes regionales de Aigües Ter-Llobregat con las de Consorci d’Aigües de Tarragona, que gestiona caudales del Ebro gracias al minitrasvase activado en 1989 para regar el Camp de Tarragona. Dicha interconexión ya se intentó durante la sequía del 2008, pero luego, con las lluvias de mayo, decayó.
A la petición colegial se une ahora Foment del Treball, que ve amenazada la actividad económica por el avance de la sequía. Hablamos, pues, de la necesidad de una planificación infraestructural estratégica, y del respaldo al tejido económico. Son elementos de peso, suficientes para animar a los gobernantes a idear soluciones efectivas ante una situación angustiosa, sobreponiéndose a posibles dificultades o costes políticos.
Está bien que las autoridades nos pidan un uso responsable de los recursos hídricos. Pero cuando la meteorología y la imprevisión institucional nos han traído hasta aquí, acechan la economía y menguan el suministro doméstico, esas exhortaciones solo pueden ser una parte de la ecuación. Hay otras partes y competen a quienes dirigen el país. Por ejemplo, combatir exitosamente la sequía echando mano de todos los recursos disponibles. El uso puntual, en un caso excepcional como este, de aguas del Ebro (cuando, además, no se consume un 18% del cupo del minitrasvase y el pantano de Mequinenza abre compuertas para aliviar su caudal) no debe descartarse en ningún caso.