Ante la nueva legislatura

Pedro Sánchez ha reunido ya todos los apoyos que necesitaba para ser investido nuevo presidente del Gobierno de España. El PSOE (121 diputados) ha pactado el respaldo de Sumar (31), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNV (5), Coalición Canaria (1) y BNG (1). Esta relación de escaños aporta hasta 179 votos, tres por encima de la mayoría absoluta, en un Congreso integrado por 350 diputados. Lograr esta amalgama de avales, en la que coinciden formaciones dispares, unas progresistas, otras nacionalistas, y entre estas últimas las de orientación conservadora o izquierdista, no ha sido algo sencillo ni exento de concesiones y costes políticos. Pero ya es un hecho. Si las previsiones no fallan, la presidenta del Congreso fechará mañana para los días 15 y 16 de la semana próxima la sesión de investidura del candidato socialista. El popular Alberto Núñez Feijóo, que precedió a Sánchez en el intento, logró en su día 171 votos, los del PP (137), Vox (33) y UPN (1), que resultaron insuficientes. La candidatura de Sánchez dispondrá, pues, de ocho votos más que la del popular, y será presentada por Armengol al Rey, que será quien le encargue la formación de gobierno. Si todo sucede siguiendo este guion, Sánchez, ahora presidente en funciones, conservará la Moncloa, pronto con plenas funciones recuperadas. Y, de no mediar accidentes que lo impidan, residirá allá otros cuatro años, los de la XV legislatura, lo que le convertiría en el presidente más duradero de la democracia española, solo superado por Felipe González.

Esta operación no ha sido ni fácil ni carente de sobresaltos. Se ha visto envuelta en diversas turbulencias, cuyo final todavía no se avista. Desde que Sánchez apuntó por primera vez en octubre la posibilidad de una ley de amnistía para los independentistas encausados hasta hoy, se han sucedido las protestas callejeras, convocadas por el PP y por Vox, algunas violentas, y las actuaciones judiciales que tenían un efecto obstaculizador frente a las iniciativas socialistas. La noche madrileña ante la sede socialista de Ferraz sigue muy alterada. De poco sirve que la mayoría reunida por Sánchez en el Congreso de los Diputados legitime su intento. La derecha, apelando a la unidad de España, de momento incólume, promueve una operación de acoso y derribo en la que no ha ahorrado insultos ni descalificaciones. Pero la nave sigue su rumbo. Y no porque recurra a los instrumentos del golpe de Estado, según se le acusa desde partidos rivales, sino porque actúa respaldada por una mayoría parlamentaria. Las opiniones son libres. Las normas constitucionales satisfacen o contrarían por igual a todos los partidos. Al fin, todo se resume en una cuestión de aritmética parlamentaria. Así es como debe ser.

Si la fortuna ayuda al audaz, el esfuerzo para superar la pugna quizás se vea recompensado

Lo cual no invalida, y menos en esta hora, las opiniones que puedan generar los métodos seguidos por el PSOE para seguir en la Moncloa. Es evidente que para lograr el pacto se han hecho concesiones al independentismo, pero lo más relevante y novedoso no son las diferencias entre independentistas y constitucionalistas, conocidas de antiguo, sino la disruptiva disposición de ambos al considerar, conjuntamente, el diálogo y la negociación dentro de la ley como elementos vertebrales de la nueva etapa que asumen a partir de ahora como marco convenido de actuación.

Los riesgos aceptados por uno y otro bando son altos, puesto que los dos pueden perder apoyos en este viaje. La operación, como todo en esta vida, tiene posibilidades de fracasar, en especial si se exige más allá de lo razonable o se tensa en exceso la cuerda. De ser así, los aspectos más ambiciosos de la misma podrían mostrar su rostro menos amable. Pero si es cierto que la fortuna ayuda a los audaces, cabe pensar que este esfuerzo por superar la insomne pugna del conflicto catalán quizás se vea recompensado.