JxCat, el partido que lidera Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat que se marchó a Bélgica en el 2017, votará a favor de la investidura como presidente del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que quizás se realice el miércoles o el jueves de la próxima semana. Esta es la principal y más inmediata consecuencia del acuerdo entre PSOE y Junts anunciado ayer, tras días de demoras, incertidumbre e intensas negociaciones. Un acuerdo que se erige sobre la propuesta de ley de amnistía que está previsto que beneficie a centenares de independentistas encausados, y que debería garantizar estabilidad para la XV legislatura, en manos de un gobierno de coalición PSOE-Sumar... Aunque Junts la supedita al desarrollo de los acuerdos.
Atrás o, al menos, atemperados, quedan pues los recelos mutuos. Sánchez afirmó hace dos años, y lo reiteró el pasado, que su Gobierno no iba a aceptar una ley de amnistía. Meses atrás, Puigdemont dijo que su desconfianza hacia el PSOE le impedía negociar con él. Pero las generales del 23-J, que dieron a los siete diputados de Junts en el Congreso la llave de la investidura, propiciaron giros copernicanos. De criticar a ERC por hablar con el Gobierno, Junts pasó a negociar con él. De decir que la ley de amnistía no encajaba en la Constitución, Sánchez pasó a defenderla.
El pacto anunciado por el PSOE y los de Puigdemont abre una nueva etapa política
En política, la coherencia se pliega a veces ante la conveniencia. Lo hemos visto con anterioridad, también en las filas conservadoras: así pues, las críticas que ahora emanan de ellas acaso sean más prueba de conveniencia que de coherencia. En cualquier caso, el pasado nos indica que a los gobernantes no se les debe valorar tanto por sus principios inamovibles como por los frutos de sus políticas y por la medida en que estos favorecen al conjunto de la sociedad.
Pacificar Catalunya, restaurar la convivencia, restablecer las condiciones para que la economía pueda desarrollarse sin trabas añadidas son prioridades absolutas. Han pasado ya once años desde el Onze de Setembre del 2012, fecha seminal del proyecto independentista; nueve desde el 9-N; seis desde el 1-O; cuatro desde la condena de los líderes del procés ; dos desde su indulto... En este decenio largo, el procés y el posprocés han tenido efectos lesivos sobre la convivencia entre catalanes, han minado las relaciones de Catalunya y el resto de España y han dado aire a los extremismos, según se ha visto de nuevo esta semana en los disturbios ante la sede del PSOE. Era hora de abrir una nueva etapa, y confiamos en que este pacto contribuya a ello decisivamente. Para lo cual será indispensable que los firmantes del pacto mantengan la sensatez y primen el interés colectivo en los cuatro años venideros, como lo han hecho ahora.
Ayer, el negociador socialista Santos Cerdán habló de “una oportunidad histórica para resolver el conflicto catalán desde la política”. Puigdemont sintonizó con él al celebrar la devolución a “la política de lo que es de la política”. También en la idea de que se abre otra etapa, en la que la apuesta por la negociación relega al unilateralismo: Junts y ERC se desvincularon ayer en el Parlament del plan de la CUP para otro referéndum. Para el popular Feijóo, que no supo o no quiso aportar una alternativa, el acuerdo es “una vergüenza”.
Los cuatro folios del documento desvelado ayer recogen las numerosas divergencias entre las partes, sus distintos intereses. Por ejemplo, que Junts propondrá un referéndum y el PSOE, el desarrollo del Estatut. Pero coinciden en el deseo compartido de pactar las soluciones a un conflicto histórico. Comparada con la que nos llevó a los hechos del 2017, esta disposición de ánimo supone un gran avance. Dependerá en adelante de la inteligencia y la visión políticas de los actores partícipes en esta operación que dicho avance sea el primero de una larga serie, y no el último.