Ayer terminó un mes de julio que cabe calificar de negro, debido a la escalada de la violencia de género. Hasta siete mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas, lo que eleva la cifra a 31 en lo que va de año. Esas siete mujeres podrían ser ocho, si se conceptuara como violencia de género la muerte de una joven de 22 años en Utrera, que fue hallada con un fuerte golpe en su cabeza y su marido fue finalmente detenido tras estar en paradero desconocido.
Suele afirmarse, estadísticas en mano, que julio es, con junio y agosto (también diciembre), el peor de los meses en materia de violencia machista. Se aduce que en periodos vacacionales las horas de convivencia pueden ser más, que el calor actúa como potenciador de la ira asesina, etcétera. Pero eso son elementos circunstanciales, que quizás contribuyan a engrosar el balance, pero que no pueden ocultar la raíz del problema: el machismo y la violencia, que al combinarse propician la muerte de mujeres cuya principal culpa ha sido relacionarse con hombres inadecuados.
La violencia de género ha causado estragos de récord en el mes que terminó ayer
Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad ha convocado una reunión con representantes de las distintas comunidades autónomas. Se trata de analizar caso por caso, detectar fallos y tratar de corregir el rumbo. Pero da la sensación de que nos enfrentamos a un problema muy arraigado, de difícil solución. También de que se hacen muchos esfuerzos para eliminarlo o reducirlo. Y, asimismo, de que los resultados son decepcionantes.
No se ignora, sin embargo, cuáles serían las vías de progreso. De las mujeres fallecidas por este motivo en lo que va de año, solo el 22,6% había denunciado alguna vez, debido al maltrato recibido, a las personas que terminaron asesinándolas. Hace falta un cambio cultural importante para revertir esta cifra, para lograr que sean muy pocas las mujeres que no han denunciado malos tratos antes de padecer uno fatal. El día en que eso suceda, acaso se podrá reducir la cifra de asesinadas. Es también conveniente, como hemos afirmado otras veces, que las personas en el entorno de las víctimas, conocedoras ya de los malos tratos, los denuncien.
Pero la Administración pública también debe mejorar su aportación. Eso siempre ha sido así. Ahora, más. En nuestros días, cuando Vox ha entrado ya en instituciones autonómicas y municipales, asistimos a un posible grave desistimiento institucional en esta materia. La política de esta formación ultraderechista, que pasa por la negación de la violencia de género, por su inclusión en un ámbito más impreciso, el de la violencia intrafamiliar, constituye un peligroso atraso para las mujeres amenazadas. En las mencionadas instituciones, con alguna que otra excepción, las consejerías y concejalías de Igualdad han sido con frecuencia disueltas, y sus competencias, subsumidas en otras.
Esto último es, vista la evolución de la curva de asesinatos, un error flagrante, de lesa humanidad. Los ultraderechistas están abiertamente enfrentados al feminismo, y no digamos a sus defensoras más combativas, a las que consideran extremistas. Pero, dadas las circunstancias, su ideario negacionista, en perfecta contradicción con el real y trágico goteo de muertes, presenta unos ribetes de connivencia y de cinismo inaceptables.
Hemos dicho en otras ocasiones que erradicar o limitar la violencia de género es una tarea en la que estamos implicados todos, sin excepción, empezando por las víctimas, siguiendo por las personas de su entorno más cercano y acabando por las instituciones. Una mujer desprotegida puede optar por no denunciar a su maltratador y, al fin, morir en sus manos. Pero cualquier actuación que, desde las instituciones, contribuya por activa o por pasiva a este estado de cosas resulta absolutamente injustificable.