El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condenó ayer a la consellera de Acció Exterior i Unió Europea, la republicana Meritxell Serret, a un año y medio de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. De inmediato se produjeron las reacciones habituales por parte de ambos espectros del Parlament. Vox, sin embargo, fue más allá. La formación que comanda Ignacio Garriga, que ejercía de acusación popular en el juicio, aseguró en un comunicado que ya había remitido a la Junta Electoral Central un escrito pidiendo al órgano administrativo que le retire a Serret la credencial de diputada de la Cámara catalana. Poco después, el comunicado fue borrado. Se da la circunstancia de que Serret no es diputada desde antes de Navidad. Cuando entró en el Govern renunció al acta y le sustituyó en el grupo parlamentario Montse Fornells. “Podíamos presumir su ignorancia, pero día tras día se empeñan en ridiculizar cualquier pronóstico. No saben ni con quién comparten escaños en el Parlament”, señaló al respecto el diputado republicano Jordi Orobitg.
La diputada fantasma
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