Cuesta imaginar que en un país democrático pueda existir una policía patriótica que, con malas artes, interfiera en los asuntos políticos. Y aún cuesta más imaginar que esto se haga con el conocimiento y el cobijo del Gobierno, a través del Ministerio del Interior. Pero lo que resulta hilarante es que, cuando esto se conoce, en buena parte por la incomprensible meticulosidad de sus protagonistas de andar siempre con la grabadora conectada, no se convierta en un escándalo de gran magnitud.
En las últimas semanas, en las páginas de este periódico hemos leído como, tras la primera manifestación masiva del independentismo en el 2012, el comando patriótico, encabezado por el excomisario de policía José Manuel Villarejo, se puso manos a la obra. La infinita fonoteca y las libretas donde anotaba todas sus acciones se han convertido en un certificado que da fe de los chantajes, extorsiones, escuchas ilegales, seguimientos e intromisiones en la vida de mucha gente, con el objetivo principal de degradarles públicamente y, si era posible, por el mismo precio, embolsarse miles de euros.
La operación Catalunya, auspiciada políticamente por el exministro Jorge Fernández Díaz y ejecutada por Villarejo y sus subordinados, cuenta con infinitos ejemplos de prácticas fuera de la ley, valiéndose de medios de comunicación amigos, fiscales de confianza que te lo afinan y barra libre de recursos públicos.
El fin justificaba los medios. Para actuar contra el independentismo, daba lo mismo apuntar contra políticos, empresarios, abogados o periodistas, y daba lo mismo que las acusaciones y los titulares fueran verdad o fueran mentira. Todo valía.
Estas prácticas eran un secreto a voces, pero bastaba con negarlo o situarlo en el terreno de la hazaña personal de algún policía descontrolado. Uno de los primeros testimonios sonoros de todas esas prácticas fue la conversación grabada entre el exministro Jorge Fernández Díaz y quien había sido director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, en el que juntos repasaban el guion para embarrar a los dirigentes independentistas y presumían también de haber destrozado el sistema sanitario de Catalunya.
Han tenido que pasar diez años para que todo esto, que era un secreto a voces, empiece a investigarse, aunque sea parcialmente. Antes de eso, se cuentan por docenas las denuncias y querellas que han presentado las personas afectadas y que han sido archivadas sin más trámite. Ahora, un juzgado de instrucción de Madrid instruye una causa sobre uno de los muchos capítulos de esta historia, a raíz de la denuncia interpuesta por el expresidente del Barça, Sandro Rosell, a la que se han unido las presentadas por otras víctimas del comando patriótico. A juzgar por los precedentes, siendo una buena noticia, me cuento entre los escépticos sobre el éxito de este procedimiento.
Hace correr más tinta un árbitro de fútbol que una brigada policial chantajeando a medio país
En el país de Villarejo se ha tomado por norma perseguir a los adversarios políticos por todos los medios. Otro ejemplo indignante, que también sigue pendiente de respuesta, es el espionaje político practicado desde los organismos del Estado con total impunidad mediante el famoso programa Pegasus. Tras prácticamente dos años en los juzgados, todavía no hay ninguna explicación sobre el tema, aunque sea un escándalo monumental. Tampoco se han dado explicaciones ante la comisión del Parlament que trata de investigarlo. Esta misma semana hemos visto un nuevo desplante al Parlament de los responsables políticos del asunto.
Los estados no son entes ingenuos ni ejemplares. Todos se valen de servicios de inteligencia y de métodos inconfesables para defenderse de amenazas, pero lo que no es corriente en un Estado democrático es utilizar prácticas que están fuera de la ley para perseguir y derribar a los adversarios políticos. ¿Se imaginan ustedes que en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña o en Suecia se descubriera que se ha espiado a dirigentes políticos, a abogados o a periodistas como ha ocurrido en España? Las dimisiones hubiesen tardado horas en llegar. ¿Y se imaginan que policías en activo, con conocimiento del ministro, se dedicaran a perseguir y a degradar, a la carta, a todos aquellos a quienes consideran un estorbo para sus fines?
Ya hemos visto que en el país de Villarejo los escándalos no escandalizan a nadie. Hace correr más tinta y presentar más querellas un árbitro de fútbol cobrando por un trabajo que no se sabe cuál era que una brigada policial chantajeando a medio país.
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