Muchos ciudadanos se preguntan si la sociedad está preparada para asimilar la ley del solo sí es sí, la ley trans, la del bienestar animal, la reforma de las pensiones o la disputa de la ley mordaza, que ha acabado sin llegar a un acuerdo para modificarla, en el corto periodo de tiempo que va desde su presentación pública hasta su aprobación. La respuesta es que los ciudadanos están preparados para discernir si les conviene o no una ley concreta, pero no lo están para encarar el debate que suscita entre los partidos políticos.
La forma de conducir los debates desde el Gobierno y la oposición para la aprobación o reforma de una ley siempre acaba en polémica, tensión y, sobre todo, en división. Una parte de los ciudadanos están de acuerdo con el propósito y objetivos de estas leyes y reformas, y otra no, pero la mayoría están en desacuerdo sobre cómo son llevadas a debate público.
Los responsables públicos no solo deben tener la entereza, determinación y valentía de impulsar nuevas leyes y reformas, también deben tener la sensibilidad para crear un marco de debate público riguroso que evite la crispación, los arrebatos ideológicos y los intereses electorales en su deliberación pública.
Una ley puede ser justa, pero puede devenir injusta si antes de aplicarla no se ha alcanzado un amplio consenso con la sociedad, que permita a todas las partes sentirse partícipes. Se argumenta que como consecuencia de que todas las leyes benefician a una parte de la población y, a su vez, perjudican a la otra parte, es imposible alcanzar el consenso suficiente y que, además, la oposición política buscará todas las argucias para que estas fracasen.
Este argumento, si bien es cierto, no debería ser una justificación para no procurar templar, moderar y mantenerse abiertos a tolerar la opinión de aquellos que no coinciden con la nuestra. Al no moderar los debates sobre las leyes que se impulsan antes de su aprobación, estas nacen de la división y crispación política, lo que convierte una ley necesaria en ideológica, doctrinaria y excluyente. Es como si se quisiera extirpar al ciudadano la voluntad de pensar por sí mismo.
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