Ernest Hemingway, que era cazador, escribió: “¿Quién dijo que un dilema solo tiene dos cuernos? Quien lo dijo debía de estar tratando con pequeños dilemas que no habían llegado a la mayoría de edad. Un dilema real tiene entre ocho y diez pares de cuernos, que pueden matarte desde que los ves”. En el PSOE, la reforma del delito de malversación es hoy un dilema de incontables astas. Tras suprimir la sedición, Pedro Sánchez está dispuesto a modificar este otro delito. Seguramente, pretende con ello cerrar la carpeta catalana, que desde el inicio de su mandato se comprometió a abordar. Con este doble cambio en el Código Penal, no solo podrían regresar los políticos catalanes expatriados, sino también quedar libres de cargos otros dirigentes pendientes de juicio por la financiación de la consulta del 1-O. E incluso Oriol Junqueras, al ver rebajada su inhabilitación, estaría en condiciones de optar a la presidencia de la Generalitat.
En el PSOE, la reforma de la malversación no se acaba de entender porque con ello los socialistas no obtienen ningún beneficio y porque ERC no adquiere ningún compromiso a cambio. No solo los barones más críticos con Sánchez –como Javier Lambán o Emiliano García-Page– se muestran muy reticentes con la medida, sino también otros dirigentes más cercanos al presidente, como el castellanoleonés Luis Tudanca y el madrileño Juan Lobato. E incluso el presidente valenciano, Ximo Puig, que apoyó decididamente la supresión del delito de sedición, no lo ve claro porque las modificaciones en la malversación pueden beneficiar a los condenados por otras tramas, entre ellas la del caso Gürtel.
Ximo Puig teme que la reforma de la malversación beneficie a condenados de Gürtel
Esta reforma es lo más parecido a un sudoku, donde un solo error imposibilita la resolución del juego. La ministra Margarita Robles, que es magistrada, ha dicho que el reproche penal no puede ser el mismo para el que se enriquece como para el que no. Se olvida de que hablamos de dinero público y que lo peor que puede hacer un político es hacer un uso perverso de nuestros impuestos. Sánchez quiere acabar con la inflamación catalana, pero es que incluso los desinflamatorios tienen contraindicaciones. Y su administración en exceso conlleva serias consecuencias.