Los hechos acaecidos en Catalunya los meses de septiembre y octubre del 2017 han sido objeto, entre otras, de dos valoraciones dominantes y contrapuestas. La primera considera que dicho conflicto no fue un golpe de Estado, sino una simple crisis constitucional, por lo que el Gobierno debió limitarse a recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes 19/2017 y 20/2017, de 6 y 8 de septiembre, ya que una declaración de independencia no es un delito, sino un acto políticamente inválido sin relevancia criminal alguna.
Además, esta crisis política fue agudizada por una reacción antipolítica del Estado, centrada en una injustificada y desmedida intervención policial, y culminada por un discurso del rey Felipe VI, también radicalmente errado, que dificulta todo intento de recomposición política futura. Por tanto, la imputación penal de los actores del procés ha sido una aberración jurídica interesada, pues no hubo ni rebelión, ni sedición, ni malversación, sino una interpretación sesgada y torticera de los hechos efectuada por jueces y tribunales, que desembocó en una sentencia injusta de raíz.
La segunda valoración considera que dichos hechos constituyeron un golpe de Estado efectuado desde dentro del propio Estado, sin violencia, por servidores públicos. Lo que debió dar lugar, tras la aprobación de las leyes 19/2017 y 20/2017, a la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución, por lo que resulta inexplicable la pasividad y dejación de su autoridad por parte de los entonces presidente, vicepresidenta y ministro del Interior del Gobierno. Una dejación agravada por una gestión más que torpe de la situación durante aquellos días, que alcanzó el clímax de la incompetencia el 1 de octubre, al propiciar una represión policial que nunca debió producirse y cuya responsabilidad no recae en las fuerzas de seguridad, sino en los dirigentes políticos que por cobardía y estulticia dejaron pudrir una situación que se les fue de las manos, quizá porque nunca quisieron asumir la responsabilidad que les incumbía, derivándola a los jueces y tribunales. Así, y no por voluntad de los jueces, se judicializó el conflicto.
Esta consecuencia fue inevitable, porque un Estado no es una entidad estática, sino una entidad dinámica que, como poder institucionalizado, tiende siempre a defenderse cuando es atacado. Y si su defensa no la asume aquel de sus poderes destinado prioritariamente a defenderlo, que es el poder ejecutivo, dicha defensa la asume entonces un poder subsidiario y reactivo: el poder judicial. Es decir, ante el vacío de poder que se produjo en Catalunya, solo aliviado por la tardía y limitada aplicación del artículo 155 de la Constitución, fueron los jueces y tribunales quienes asumieron la defensa del Estado. Y, para hacerlo, pusieron de manifiesto la existencia en Catalunya de un proceso político dirigido a lograr la secesión unilateral de España a través de una acción gubernamental, un pseudorreferendo y la búsqueda de apoyo exterior. Y ahí, en esta defensa del Estado por jueces y tribunales, radica la causa real de la aversión profunda que los separatistas profesan al poder judicial.
El poder judicial cubrió el vacío que dejó el poder ejecutivo
Describo ambas posturas sin evaluarlas y sin entrar en debate sobre ellas. Pero esto no equivale a una pretensión de equidistancia. Mi convicción es clara y concuerda con la tesis de que el poder judicial asumió, por obligación, la defensa del Estado ante la vergonzosa actuación del Gobierno de España, mezcla de impericia y elusión de responsabilidades. Por ello, los ataques que en estos días sufren jueces y tribunales son consecuencia de su acción defensiva, ya que, gracias a esta, ha sido preservada la integridad del Estado. Lógico es, por tanto, que quienes vieron frustrado su propósito abominen de ellos. Y, a partir de ahí, se levantó la veda, por lo que es frecuente que quienes quieren la demolición del régimen del 78 los tilden de fascistas o fachas. Saben lo que hacen. Apuntan al corazón de todo Estado democrático de derecho: los custodios de la ley. De ahí que hoy haya querido escribir su elogio.