Faltaban unos diez minutos para la medianoche del miércoles, momento en el que expiraba el mandato de cuatro años de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, cuando dicho organismo divulgó un esperado informe sobre la actuación de Pekín contra la minoría uigur de la región de Xinjiang, en el extremo noroeste de la República Popular China. En este informe, la Organización de las Naciones Unidas aprecia violaciones reiteradas de los derechos de los uigures, la minoría étnica dominante en Xinjiang, que podrían constituir crímenes contra la humanidad. El informe ha causado un notorio enfado de Pekín, que intentó evitar su publicación y que lo tacha de “mentira inventada”.
La comunidad uigur suma unos doce millones de personas y representa algo menos de la mitad de la población de Xinjiang. En su gran mayoría son musulmanes y hablan su propia lengua, emparentada con el turco. Pekín acusa a los uigures de connivencia con el terrorismo islamista y lleva ya años desarrollando políticas en su contra. Algunas indirectas, como son el fomento de las migraciones de chinos de etnia han, que es la mayoritaria en el país, hacia Xinjiang. Otras son directas e incluyen la detención arbitraria y el internamiento de uigures en campos de reclusión. Alrededor de un millón de uigures pueden haber corrido esta suerte. Cientos y cientos de mezquitas han sido destruidas. Y según informes emitidos anteriormente por entidades como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, Pekín ha aplicado también políticas para contener la natalidad entre los uigures, que incluyen la esterilización, la contracepción o los abortos forzados. Las autoridades chinas no reconocen estas prácticas, pero al tiempo han admitido que, por ejemplo entre el 2015 y el 2018, la natalidad cayó en algunas zonas de Xinjiang alrededor del 60%, cuando en el conjunto del país ese descenso, que también se dio, no llegaba al 10%. De ahí las acusaciones vertidas por dichas entidades contra Pekín por presuntas violaciones de la normativa de la ONU contraria al genocidio.
El informe final de Michelle Bachelet contiene acusaciones graves contra Pekín
Sin llegar tan lejos, las acusaciones recogidas en el informe de la ONU son graves e interpelan a China y, también, a toda la comunidad internacional, que debe velar para que se persigan y eviten hechos como los denunciados. Se trata de crímenes abominables, intolerables en todo caso, y más cuando parece practicarlos una gran potencia como China, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.