Día 7 de julio del 2020. Una mujer camina sola hacia su coche en uno de los grandes y desolados aparcamientos anexos a un local de comida rápida en la periferia de Jefferson City, estado de Tennessee. De improviso, un atacante emerge de la nada y la arroja contra el suelo y empieza a arrastrarla. Un transeúnte que observa la escena, armado con una pistola, la desenfunda, apunta al agresor y permite poner a salvo a la mujer.
Una noche cálida de agosto de 1987. Austin Fulk, homosexual, charla tranquilamente con otro hombre en el parking de algún lugar de Arkansas. De repente cuatro hombres aparecen y atacan a la pareja con bates de béisbol y cadenas de hierro. La persona que acompaña a Fulk extrae un arma de debajo del asiento, apunta a los atacantes y dispara un tiro por encima de sus cabezas. El grupo de asaltantes, asustado, huye.
Estas dos historias forman parte del voto particular, que se sumó al de la mayoría, del juez Alito en la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 23 de junio del 2022 contra el obligado permiso que el estado de Nueva York solicitaba desde 1911 para poder llevar armas en lugares públicos, es decir, fuera de casa. Esta decisiva sentencia se conoce como la de la “Asociación del Rifle y de la Pistola del estado de Nueva York contra Bruen”, superintendente de la policía estatal de Nueva York. Les recomiendo su lectura de la primera a la última página.
EE.UU. es el país con más armas per cápita del mundo, seguido por Yemen, con menos de la mitad
Que un juez del Supremo utilice noticias de prensa como argumentos de derecho para sustentar su decisión a favor de la libre circulación de armas por todo el país me parece preocupante. Por la misma regla de tres, bastaría realizar una lista nutrida de casos en los que las armas han sido protagonistas de asaltos, asesinatos, violaciones, robos, estupros y abusos de todo tipo para limitar su uso. Pero, además, es repulsivo el uso espurio del miedo de dos grupos especialmente sensibles: el de las mujeres y el del colectivo gay.
El texto del juez Alito se asemeja a un guion de Hollywood: tras relatar ambos episodios, se pregunta si la policía de Nueva York puede proteger a los 20 millones de residentes del estado y a los 8,8 millones que viven en la ciudad. “Algunos de ellos deben cruzar calles oscuras y peligrosas para llegar a sus hogares tras el trabajo u otras actividades vespertinas. Algunas de estas personas forman parte de colectivos que se sienten especialmente vulnerables. Y algunas de ellas creen de manera razonable que, a menos que puedan blandir un arma o, si fuera necesario, usar un arma de fuego en caso de ataque, podrían ser asesinadas, violadas o sufrir alguna lesión grave”. El miedo como fuente de derecho. Ni una palabra sobre por qué hay tantas “calles oscuras y peligrosas” en Estados Unidos. No. No es posible reformar la ciudad, solo se puede sobrevivir a ella. Este es el pensamiento de la mayoría del Tribunal Supremo de la nación más poderosa del planeta. Y sin temor aplican este principio neocon al mundo.
Salvando la dignidad del país y de la institución, tres jueces (Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) se pronunciaron en contra de permitir el libre movimiento de armas en lugares públicos. El relato de los discrepantes, redactado por el veterano Breyer, es espeluznante: su primer párrafo comienza recordando que, en el 2020, más de 45.200 norteamericanos murieron por disparos de armas de fuego. Solamente en lo que llevamos del año 2022, se han producido 277 tiroteos masivos, lo que da más de uno al día. En el 2017, se calculaba que existían en Estados Unidos unos 393 millones de armas en manos de civiles, es decir, más de 120 armas por cada 100 habitantes, lo que hace del país el Estado con más armas per cápita del mundo, seguido por Yemen, con menos de la mitad (53 armas por cada 100 habitantes). A los casi 124 muertos al día ocasionados por armas de fuego en el 2020, habría que sumar los 85.694 heridos no mortales que se produjeron, de media, en cada año del periodo 2009- 2017: 235 casos cada día. Desgraciadamente, las estadísticas y los datos objetivos de los discrepantes no pueden competir contra la sentimentalidad de alegatos –más bien guiones televisivos–, del juez Alito.
El estado de Nueva York reguló llevar armas en lugares públicos por su alta concentración de habitantes
La lectura de esta sentencia es instructiva. Hay en el fondo un gran debate social y territorial sobre las armas: en primer lugar, no es casual situar en el mapa qué estados habían limitado –nunca prohibido– mediante licencias administrativas específicas, el derecho a portar armas en lugares públicos por razones de necesidad. Cuatro de la Costa Este (Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey y Maryland), más el distrito de Columbia, junto a Hawái y California. Algunos de ellos o bien tienen larga tradición progresista o conocen de primera mano los efectos de la violencia armada. Porque los homicidios y asaltos son mucho más comunes en las zonas urbanas que en las rurales. El crimen es un asunto de geografía humana: entre 1999 y el 2016, casi el 90% de los homicidios ejecutados con armas de fuego ocurrió en áreas metropolitanas. Si el estado de Nueva York reguló llevar armas en lugares públicos fue porque los 8,8 millones de habitantes de la ciudad se concentran en 784 kilómetros cuadrados (la mitad que el término municipal de Lorca, por ejemplo) y el riesgo para la población y sus fuerzas del orden es muy superior que en estados mucho menos poblados como Montana o Wyoming.
Pero hay otras dos dimensiones enormemente importantes y que me recuerdan debates más cercanos. En primer lugar, la parte discrepante pone el dedo en la llaga al entender que el poder judicial no debe inmiscuirse en asuntos que son mucho mejor regulados por el legislativo, como el uso de las armas. Y cito literalmente: “El Tribunal, con la sentencia, restringe la capacidad de las asambleas legislativas para desempeñar ese papel”. ¿Será verdad que la división de poderes de Montesquieu se hizo, pese a la creencia extendida hoy en día, para proteger al legislativo del judicial? Y, en segundo lugar, la sentencia muestra la aversión por el principio de lo público y la alergia a lo común y colectivo, supeditado siempre a la autodefensa individual como derecho preexistente a todo ordenamiento.