Para entender lo que está pasando, o puede pasar, en el mercado eléctrico español conviene remarcar dos rasgos : uno es que queremos limitar el consumo de electricidad carbónica; el otro es que el modelo de competencia perfecto de los libros de texto no lo describe bien: dominan las empresas grandes y políticamente influyentes. El término oligopolio es más adecuado.
La factura eléctrica ha registrado varios records históricos en lo que va de año
La medida drástica para limitar el consumo de electricidad carbónica sería la prohibición. Pero la capacidad de producción a partir de fuentes renovables aún no está al nivel necesario para evitar un cataclismo económico en caso de hacerlo. Aumentarla es el reto fundamental. Lo que hemos hecho es encarecer la producción mediante la exigencia de derechos de emisión (piénselo como un impuesto). Eso da lugar a un precio que desestimula el consumo. También asegura que el coste de producción por renovables es más bajo que por carbono y, por tanto, que las plantas carbónicas no producirán antes de que la capacidad renovable se use plenamente.
La autoridad pública tendrá que ser muy responsable en impulsar la inversión en renovables
Los precios generan controversia. Nos gustaría que la electricidad fuera más barata, pero la realidad actual –capacidad limitada de producción renovable y coste ambiental de la carbónica– es que no lo es y no podemos vivir como si lo fuera. Como con otros bienes de primera necesidad, el impacto puede ser significativo en sectores sociales vulnerables. Mitigar el efecto es imperativo. La vía de la política de rentas (subsidios) y de seguro social es la que corresponde. Controlar precios, beneficiando así a toda la población, es en general una política social problemática por ser fiscalmente insostenible. Y en este caso, muy poco indicada: estimula el consumo de electricidad carbónica.
Otra controversia deriva de que, al ser los costes de la producción renovable inferiores a los carbónicos, un generador renovable obtiene beneficios que son crecientes en el nivel de producción... carbónica. Son beneficios que no dependen de lo que hace la empresa, sino de la situación del mercado. Sería legítimo que, vía un impuesto sobre beneficios, estos revirtieran en quien ha creado la situación de mercado que los hace posibles: el gobierno. En un mercado de competencia perfecta, con libre entrada de empresas, no lo recomendaría. Los beneficios son la señal de mercado de que hay negocio en las renovables y generarían el resultado deseado: inversión en ellas. No sería sensato limitar el incentivo.
Ahora bien, el carácter de oligopolio del mercado eléctrico cambia las cosas. Las empresas, cierto, están haciendo inversiones en renovables. Pero ¿ al ritmo adecuado? Dada la influencia de su producción sobre los precios, las empresas eléctricas, como cualquier oligopolio, no pueden tener la compulsión de maximizar la oferta. Un hecho curioso: es incluso posible que un aumento del impuesto en el carbono aumente los beneficios de la empresa, ya que esta produce electricidad no verde pero también verde. Se sigue que en la situación de oligopolio que describe la realidad española la autoridad pública tendrá que ser muy responsable en impulsar el dinamismo inversor en renovables que haga posible la completa eliminación de la electricidad no verde.
Una política adecuada podría combinar: 1) un calendario hacia la prohibición de la electricidad no verde; 2) un impuesto sobre beneficios de las empresas que excluya la inversión en renovables. Es decir, si los beneficios (“caídos del cielo”) no se reinvierten en renovables, entonces revierten al gobierno; 3) reconocer el reto social de los precios y encararlo por la vía de suplementos de renta a los más vulnerables.