La constante subida de la luz, aunque no sea culpa de este Gobierno, se ha convertido en uno de sus principales quebraderos de cabeza, al igual que para los usuarios que comprueban como mes a mes se encarece su factura energética. El impacto de este coste energético creciente, además, empieza a encarecer también la cesta de la compra de todos los ciudadanos y provoca una preocupante pérdida de competitividad a las empresas. Es evidente que España no puede –y no debe– seguir siendo unos de los países –el quinto– que pagan la electricidad más cara de la Unión Europea. Resolver este problema es casi una cuestión de Estado y exige la adopción de un plan de choque que, a la vez, esté enmarcado coherentemente con un futuro de estabilidad y seguridad jurídica.
Nada se puede hacer con el precio del gas natural, que se halla en máximos en los mercados internacionales, y del que depende España para garantizar la estabilidad de suministro de las energías renovables. Este combustible, que es el principal factor que encarece el coste de la electricidad, está además gravado por los derechos de emisión de dióxido de carbono que debe pagar para cumplir con la normativa de la Unión Europea para combatir el cambio climático. Al respecto el Gobierno, en cambio, sí podría actuar frente a la Comisión Europea para exigir una mejor regulación de ese mercado. Existe la evidencia de que un alto porcentaje del encarecimiento de la electricidad en Europa, cerca de un 30%, se debe a la especulación que protagonizan los fondos de inversión internacionales con dichos derechos y con la que obtienen beneficios millonarios, con una rentabilidad del orden del 46% en algunos casos. Esta es una práctica que habría de corregirse para no perjudicar la lucha contra el calentamiento del planeta.
El encarecimiento de la electricidad suscita una creciente preocupación social y económica
El Gobierno está obligado a cumplir el marco legal para la fijación de precios de la electricidad que rige en la Unión Europea, ya que difícilmente podría cambiarlo de forma unilateral. Pero, en cambio, un ejemplo que seguir es el del vecino Portugal, que funciona con el mismo mercado marginalista que España, pero fija los precios minoristas sobre promedios anuales, en lugar de hacerlo sobre precios horarios, como se hace aquí, y con ello ha reducido la volatilidad y la alarma social.
Es muy importante, asimismo, garantizar a los ciudadanos –con la máxima transparencia– la certidumbre de que se cumple la ley y que no hay abusos, fraudes ni posiciones dominantes en la fijación de los precios de la luz por parte del sector eléctrico. Para ello el Gobierno debe establecer los correspondientes controles y auditorías que certifiquen el correcto comportamiento de las compañías eléctricas y actuar en consecuencia en caso necesario. Eso ha empezado a hacer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para verificar la puesta en marcha de la nueva factura y ha detectado ya que algunas comercializadoras de energía han introducido incrementos en el precio, que en algunos casos han llegado a ser del 30%, sin la información adecuada.
Los socios de gobierno del PSOE han propuesto intervenir directamente en el mercado eléctrico a través de un precio fijo por decreto para la energía nuclear y un máximo para la energía hidroeléctrica, ya que creen que ello abarataría inmediatamente el recibo de la luz. Pero esta es una medida que vulnera las normas comunitarias. En cualquier caso, es evidente que el Gobierno debe presentar un plan de actuación a corto, medio y largo plazo que contemple soluciones al problema del coste energético del país para combatir la alarma social existente a causa de su imparable progresión alcista. De inmediato, paralelamente, es urgente activar al máximo bonos sociales o descuentos directos en la factura para las familias económicamente vulnerables. La imagen de inacción que ofrece el Gobierno no es buena para nadie.