Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido una fórmula crucial para salvar el empleo y el tejido productivo español en la peor crisis de su historia desde la Guerra Civil. Han sido tan eficaces para paliar el impacto económico y laboral de la pandemia de la covid que el Gobierno y los agentes sociales estudian convertirlo en un instrumento permanente al que se puedan acoger empresas y trabajadores en situaciones de grave dificultad.
Más de 40.000 millones de euros han costado al Estado los ERTE desde que hace algo más de un año empezó la pandemia. Esta millonaria suma se ha destinado a pagar las prestaciones de los trabajadores suspendidos temporalmente de empleo y las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social. Pero el coste habría sido mucho mayor para las arcas públicas, en términos de desempleo permanente y de cierres definitivos de empresas, por los problemas sociales que ello habría supuesto y por la caída consiguiente de la recaudación. Además el hecho de haber facilitado la hibernación de las empresas permite que puedan recuperar más fácilmente la actividad y acelerar la reactivación. Eso ya ha sucedido en muchos sectores.
El sistema de ERTE estructurales que estudia el Gobierno debe negociarse con los agentes sociales
Según datos del Gobierno, las medidas de protección de la Seguridad Social han llegado a más de ocho millones de personas en algún momento de la pandemia y a casi 600.000 empresas. En los momentos más álgidos de la pandemia fueron 3,6 millones los trabajadores incluidos en un ERTE. Aunque la mayoría de las empresas afectadas han recuperado cierta actividad, aún quedan 805.000 personas suspendidas temporalmente de trabajo en unas 200.000 empresas que no han vuelto a abrir, fundamentalmente de los sectores del turismo, el transporte, el comercio y la restauración.
Los actuales ERTE en vigor acaban el 31 de mayo, pero como no se ha podido salvar la temporada turística de Semana Santa, tal como inicialmente se había previsto, y como la recuperación de la economía se ha retrasado como consecuencia de la tercera ola de la pandemia, habrá que prorrogarlos nuevamente, como mínimo, hasta el verano. Para entonces hay que esperar que la campaña de la vacunación haya avanzado notablemente y que mejoren las perspectivas de llegada de turistas.
El temor que existe es que una parte de esas 200.000 empresas incluidas todavía en un ERTE puedan ser irrecuperables después de un año de inactividad. Prolongar los ERTE, en esos casos, es tanto como prolongar la agonía de las empresas. Por ello habría que estudiar fórmulas que permitieran su liquidación ordenada, con programas de recolocación y recualificación de sus trabajadores.
El establecimiento de los ERTE como sistema permanente o estructural, tal como estudia el Gobierno, plantea diversas alternativas y la fórmula definitiva debería surgir como fruto del consenso entre los agentes sociales y de la implementación de las experiencias que ya han tenido éxito en otros países europeos. Los ERTE estructurales, según los expertos, solo deberían adoptarse por periodos cortos de tiempo, para superar problemas puntuales y ayudar a la supervivencia de las empresas. En caso contrario pueden resultar muy caros, ser ocasión de fraude, sostener en pie empresas inviables y evitar despidos o ajustes de plantilla necesarios para hacer frente a caídas de la demanda o como consecuencia de procesos de digitalización y robotización. Sería negativo para la creación de empleo, en este sentido, que la implantación de los ERTE estructurales supusiera pasos atrás en la flexibilización del mercado laboral.
Pero, de forma prioritaria, antes que nada, los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social deben poner el foco de atención en las personas que aún no han cobrado las prestaciones de los ERTE que les corresponden. Los casos aún pendientes de resolverse deben atenderse de inmediato.