La responsabilidad política existe, sobre todo, como pararrayos y cortafuegos. Grandeza, miseria y utilidad del cargo. Es lo que hemos visto con la dimisión del conseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, y es lo único que podía hacer Alfred Bosch cuando se ha constatado que le faltó diligencia y contundencia gestionando el presunto caso de acoso sexual protagonizado por su jefe de gabinete, figura de su máxima confianza. La asunción de responsabilidades sólo se produjo –hay que subrayarlo– tras la publicación en el diario Ara de este episodio y el consiguiente impacto de la noticia en la esfera institucional y de partidos de Catalunya. La relación entre responsabilidad y publicidad es evidente, y pone en evidencia la irracional tentación de muchos dirigentes (políticos, económicos, sociales) a la hora de manejar estos asuntos: evitar el ruido por encima de todo. En la sociedad actual, siempre es peor intentar ocultar la mancha. Porque la mancha se agranda con el silencio. La moraleja está clara.
Bosch compareció la tarde del lunes ante la prensa para solemnizar su dimisión, desde la sede de ERC y no desde su conselleria, un detalle no menor, para remarcar que son los mismos republicanos –y no el presidente de la Generalitat– los que proceden a cortar por lo sano ante la ciudadanía. La frase más importante de la alocución del dimisionario fue: “Hoy soy más útil al país yéndome que quedándome”, porque nos recuerda que todo escándalo en la esfera política exige un sacrificio para delimitar el perímetro del oprobio y evitar así que toda la organización (toda la conselleria, todo el Govern y todo el partido) se vea infectada por una actuación individual.
El político, con la sobreactuación, reclama, de algún modo, el perdón de la ciudadanía
Marc Puig / ACN
Además de apartar al presunto culpable de los hechos, era necesario que Bosch, su superior jerárquico, pagara con su salida por el daño infligido a la reputación de una marca y un proyecto. El sacrificio busca minimizar las consecuencias del suceso y también es indispensable para restaurar el bien más preciado de la organización: su credibilidad y su honorabilidad. Y los tiempos no están para medias tintas. Como ha escrito John B. Thompson, especialista en crisis políticas, los escándalos sexuales son importantes cuando las normas transgredidas “poseen algún grado de capacidad moral vinculante en los contextos en que se han producido”. Está claro que, tras la irrupción del movimiento #MeToo, el feminismo ha conseguido que el rechazo a estos episodios se haya convertido en mainstream , al igual que los valores que lo informan.
El horizonte electoral todavía imprime más presión a esta crisis y, por otro lado, anima los mensajes desconcertantes de los que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. En este sentido, el celo de las declaraciones de los consellers Puigneró y Budó (JxCat) sobre su colega Bosch (ERC) no parece casual, como no lo son las referencias indirectas de los republicanos a la pasividad de sus socios en el caso de la investigación a Laura Borràs por unos contratos que adjudicó cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. La lucha a cara de perro entre las dos principales fuerzas del independentismo para conseguir el primer lugar en las urnas no excluye la munición que se deriva de cualquier escándalo, sea por dinero público o por acoso sexual. El profesor Andreu Casero, estudioso del fenómeno, escribe que “en estos casos, los sujetos, individuales o colectivos, en pugna intentarán defender sus estructuras de plausibilidad específicas con la finalidad, si es factible, de imponerlas como la definición oficial de la realidad y de sustituir a las construcciones anteriores”. Por otro lado, no deja de ser extraño que la corrupción estructural que supone la incompetencia de algunos altos cargos (del partido que sea) no interese a nadie, una inercia que debilita la confianza en las instituciones.
El triángulo formado por la responsabilidad, la ejemplaridad y la proporcionalidad es frágil e inestable, y está sometido a valoraciones oscilantes que desplazan los niveles de tolerancia en función de cada clima de opinión y de cada contexto. La erosión de este triángulo proviene, básicamente, de dos actitudes antagónicas que tienen tendencia a adoptar nuestros representantes democráticos cuando se ven acorralados por historias que les ponen en la picota: la ocultación y la sobreactuación. Con la ocultación, el político trata de buscar la impunidad, y con la sobreactuación, reclama, de algún modo, el perdón de la ciudadanía. Ante la indignación por algo que la sociedad considera intolerable con razón, la sobreactuación del dirigente concernido contiene un ejercicio de recarga, por la puerta de atrás, de su autoridad quebrada, a partir del reconocimiento teatralizado del error.
Pero nada es gratis. Un subproducto del ritual de sacrificio para contener los daños del escándalo es la hipermoralización de la escena política y de sus actores, con efectos inciertos e incontrolados sobre la lógica de las decisiones democráticas. Es un grave efecto secundario de una medicina obligada.