El Gobierno intenta zanjar el debate sobre la prórroga del funcionamiento de las centrales nucleares, activado esta semana a partir de una proposición no de ley instada por el PP y aprobada en el Congreso gracias a la abstención de Junts y ERC. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha vuelto a insistir indirectamente en que el Gobierno mantiene el plan para el cierre escalonado del parque nuclear, previsto entre 2027 y 2035. La ministra ha recordado que esa fue una decisión pactada por las empresas propietarias de las centrales y plasmada en el protocolo firmado en 2019. También indica de nuevo que ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado su modificación.
Aagesen ha presidido la Conferencia Sectorial de Energía, donde a petición de cinco comunidades autónomas, se ha debatido sobre la posibilidad de modificar el calendario de cierre de las centrales nucleares.
Los consejeros de Energía de las comunidades autónomas gobernadas por el PP pidieron en la conferencia que alargue la vida de las centrales nucleares, tal y como aprobó este miércoles el Congreso de los Diputados a raíz de una proposición no de ley (PNL) de los 'populares'.
No obstante, Aagesen ha recordado en la reunión que dicho calendario prolonga la vida útil de diseño de las centrales, fijado en 40 años, hasta una media 45,8 años, y que el cierre ordenado y progresivo es la base del PNIEC, base del desarrollo renovable que está propiciando la afluencia de inversión industrial.
Lee también
“El Gobierno trabaja en una doble vertiente con la energía nuclear: garantizar la seguridad de suministro, que avalan los estudios que recoge el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec), y promover una transición justa en los territorios donde cierren las centrales”, añadió.
Con relación a la fiscalidad de las centrales, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno no ha modificado la imposición a las centrales. La empresas propietarias de las centrales y el Foro Nuclear han criticado la subida (en julio de 2024) de la llamada tasa Enresa, destinada a gestionar los residuos radiactivos.
Costes cifrados en 20.000 millones de euros
Respecto al coste de gestión de los residuos radiactivos, un coste operativo de las centrales, Aagesen ha recordado que este Gobierno se encontró en vigor un plan de gestión de los residuos de 2006, “totalmente desfasado, y ha habido que elaborar un nuevo plan, el séptimo, aprobado a finales de 2023”.
“Este plan calcula los costes de gestión de los residuos en 20.000 millones, que deben sufragar las empresas titulares de las centrales, de acuerdo con el principio de 'quien contamina, paga'”, ha explicado, antes de preguntarse. “¿Los que piden reducir la fiscalidad nuclear quieren que esos 20.000 millones los paguen los españoles en lugar de las empresas?”.
Como una partida de ajedrez
El debate soterrado sobre la posible prórroga del funcionamiento de los siete reactores nucleares (que deben desconectarse de la red entre 2027 y 2035) se ha convertido en una especie de partida de ajedrez entre el Gobierno y los propietarios de las plantas, para ver quién da el primer paso y mueve el peón, dados los efectos que se desencadenaría ese primer movimiento. Quien dé un primer paso se encontrará con una respuesta que tal vez debilite su posición inicial.
Las empresas propietarias dan muestras de querer revertir el pacto alcanzado en su día, pero no han dado un paso oficial para propiciar la prórroga.
Fuentes de estas compañías vienen expresando su malestar con el Gobierno; se quejan de que se les aplica una “fiscalidad excesiva” y que ésta es la razón que nubla las posibilidades de competitividad del sector. Por ello, desearía una negociación con el Ministerio para la Transición Ecológica con el ánimo de que de ese diálogo pudieran salir condiciones más ventajosas para poder operar que pueda dar lugar a un posible prórroga en el cierre de los reactores. Las compañías amagan con esta propuesta, la sugieren, pero no han presentado una oferta formal en un documento que detalle sus intenciones.
Si se presentara esa solicitud formal, la propuesta debería ser analizada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que deberá exigir los nuevos requisitos técnicos y de seguridad derivados de la aplicación de las normas tras el accidente de Fukushima, lo que podría hacer económicamente muy complicado (si no, inviable) la continuidad.
Si, por el contrario, el Gobierno se mostrara muy explícito en su deseo de dialogar, las compañías presentarían las condiciones en que la continuación de las operaciones podría ser rentable (precios garantizados, revisión de la fiscalidad, ¿participación estatal…?).
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, invocando la defensa de los puestos de trabajo de Almaraz (cuyos reactores deben cerrar en 2027 y 2028), ha propuesto en una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “el Estado se haga cargo de la planta”, en el caso de que las compañías propietarias de Almaraz renuncien a pedir la prórroga de su funcionamiento.
En total sintonía con las empresas, sostiene Guardiola que “es evidente que al disparar el Estado los impuestos de producción de energía eléctrica, se hace muy difícil la rentabilidad de las empresas que operan las centrales”.
Los sectores eólicos y solares se sienten capacitados para coger el relevo a las nucleares
Mientras tanto los sectores eólico y fotovoltaico están hoy en condiciones, perfectamente “preparados para asumir el reto de tomar el relevo de las nucleares catalanas y cubrir su aportación en el momento de su cierre”. Así lo indican las asociaciones que reúnen las empresas del sector (Unef y EolicCat). Es su respuesta al acuerdo del Congreso que avala una prórroga a las nucleares, cosechado gracias a la abstención de ERC y Junts.
Tras la aprobación de la regulación aprobada por el Govern en 2019, se contabilizaron proyectos que sumaron 6 GW.
“Hemos presentado proyectos que suman 3.500 MW renovables, y estamos en condiciones de presentar otros 2.500 MW. Pero necesitamos que el Gobierno central nos dé acceso a la red, que se apruebe una tramitación acelerada y que haya exigencia con los promotores”, dice Salvador Salat, delegado de UnefCat.
Sólo hace falta que el gobierno español permita solicitar los accesos a la red suficientes para cumplir el objetivo
“Sabemos y queremos hacer que esta producción se convierta en firme y gestionable, como demuestran los casi 5 GW de proyectos de baterías que han pedido conectarse a las redes catalanas”, seña estas entidades. “Sólo hace falta que el gobierno español permita solicitar los accesos a la red suficientes para cumplir el objetivo, y que el gobierno catalán agilice la tramitación de los expedientes”, añaden. Creen además estas asociaciones que es deseable esa agilización, haciéndolas compatible con la exigencia y el rigor necesario en la evaluación ambiental de los proyectos, para garantizar a la ciudadanía la certeza de que los proyectos implementados no comportarán impactos inaceptables.
“Tenemos el conocimiento para hacerlo, tenemos la voluntad y los recursos y la determinación para contribuir a que Cataluya sea un país donde el bienestar y el progreso social y la competitividad económica se asienten en un sistema energético renovable, sostenible y limpio que contribuya de forma efectiva a los objetivos colectivos de la necesaria lucha contra la crisis climática”, concluye.
