La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una investigación para localizar y emprender acciones legales contra los responsables de la vandalización de siete radares ubicados en varias carreteras convencionales del país. Concretamente, se encuentran en las comunidades autónomas de Madrid (dos), Castilla-La Mancha (dos), Castilla y León (dos) y Comunidad Valenciana (uno). Según el organismo que dirige Pere Navarro, estos actos vandálicos no solo suponen un perjuicio económico, sino que ponen en riesgo la seguridad vial. No en vano son el arma de vigilancia que utiliza Tráfico para sancionar el exceso de velocidad, una de las principales causas de siniestralidad en España.
Según la DGT, este tipo de actos constituye un delito de daños, tal como establece el Código Penal en los artículos 263 a 267. Concretamente, el segundo punto del 263 establece un tipo agravado del delito de daños que prevé una pena de prisión de 1 a 3 años y una multa de 12 a 24 meses. Para que se dé este caso, deben concurrir circunstancias indicativas de la intención del autor de causar un perjuicio más grave.
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Así, el texto especifica como circunstancias que “los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes”.
Más de 65.000 eutos por radar
La DGT asegura quienes hayan vandalizado los cinemómetros también deberán responder por el coste económico de cada uno de ellos, cifrado en unos 67.000 euros para los radares fijos y unos 66.000 para los de tramo.
Varios coches pasan junto a una señal de radar de tramo, en la calle Sinesio Delgado, en Madrid
Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se produzcan este tipo de actos. Además, se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil.
Los agentes reforzarán la vigilancia en los puntos donde están instalados los radares para evitar este tipo de actos
Para prevenir nuevos incidentes, las autoridades han reforzado la vigilancia en las zonas afectadas. La Guardia Civil, tanto en su Agrupación de Tráfico como en Seguridad Ciudadana, aumentará su presencia en los puntos de control de velocidad. Además, se ha instalado un sistema de cámaras de vigilancia conectadas en tiempo real con los Centros de Gestión de la DGT, lo que permitirá detectar posibles sabotajes de manera inmediata.
Los radares de la DGT impusieron más de 3,7 multas por exceso de velocidad en 2022
Los radares no solo representan una inversión en infraestructura, sino que son herramientas clave para garantizar la seguridad en las vías españolas. Diversos estudios especializados en seguridad vial estiman que entre el 10 y el 15 % de los accidentes de tráfico, así como el 30 % de los siniestros mortales, son consecuencia de una velocidad inapropiada o excesiva. La gestión de la velocidad, debe incluir, entre otras medidas, tanto la vigilancia policial como el control automático mediante dispositivos como los radares, con el fin de abarcar a todos los usuarios de las vías, incluidos los conductores extranjeros.