La competencia desleal es uno de los principales problemas de los mecánicos. La Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA) estima que uno de cada cinco establecimientos inspeccionados son talleres ilegales que operan sin las licencias y autorizaciones pertinentes. Las tarifas por debajo del mercado que ofrecen estos negocios fraudulentos seducen a muchos clientes que, sin embargo, serán los principales damnificados por la mala calidad de sus servicios.
Para muchos consumidores, no siempre es fácil identificar un taller ilegal, ya que “hay muchos grados de clandestinidad”, según el abogado Luis Mascaró, miembro de la Comisión de Ilegales de CETRAA y secretario general de ATAYAPA (CETRAA Alicante). Muchos locales guardan un cierto orden y son aparentemente legales, pero hay algunos signos externos que pueden ayudar a reconocerlo como clandestino. “El más importante es una placa identificativa que indica que está registrado en la administración competente en Industria y tiene que figurar en la fachada del taller”, explica Mascaró.
La ley también obliga a exponer carteles que informen sobre los precios de la mano de obra. “Además, otros distintivos que garantizan de alguna manera la legalidad del taller son los otorgados por las asociaciones provinciales o el Sistema Arbitral de Consumo a sus miembros adheridos”, señala el letrado.
Lo barato sale caro
“Mucha gente se arriesga por ahorrar”
“Muchos de estos talleres operan en el patio o el garaje de una casa, trabajan a puerta cerrada o tienes que llamar para que te abran y poder meter el vehículo”, dice Mascaró acerca de los establecimientos abiertamente clandestinos. Al no emitir facturas ni cobrar el IVA, estos negocios ofrecen precios competitivos, por lo que “mucha gente se arriesga a una reparación de dudosa calidad pensando en el ahorro”.
Por ejemplo, la trazabilidad de los recambios es nula. “No sabemos si utilizan piezas usadas o del desguace más allá de las legalmente permitidas, es decir, aquellas que afectan a los sistemas de dirección, suspensión o frenado”, advierte el jurista.
“No sabemos si estos talleres utilizan piezas usadas que afectan a los sistemas de dirección, suspensión o frenado”
Acudir a un taller clandestino no solo tiene consecuencias para los consumidores, que ponen en riesgo su propia vida y la de las personas que viajan con ellos. Los residuos que se generan en una reparación deben gestionarse adecuadamente por una entidad autorizada por la administración. “En este tipo de establecimientos, es probable que los aceites usados y otros líquidos contaminantes se viertan en el medio ambiente”, indica Mascaró.
Qué hacer si me estafan en un taller ilegal
“Hemos detectado robos y tráfico de drogas”
Los talleres clandestinos vulneran varios de los derechos de los consumidores. “En cuanto entramos con nuestro vehículo a un taller, tenemos derecho a que nos den un resguardo conforme queda depositado”, destaca Mascaró. Según este abogado, en un taller legalmente establecido podremos pedir un presupuesto detallado de los costes antes de la reparación, así como una garantía por la cual se subsanen los defectos surgidos por dicha reparación de forma gratuita, siempre que se produzcan dentro del plazo y la forma que establece la ley.
Los clientes poseen varias vías para reclamar en el caso de que los establecimientos oculten o nieguen todos estos derechos. “Cualquier persona que conozca o haya sido engañada por un taller ilegal, puede dirigirse de forma anónima a los canales de denuncia de las asociaciones”, recomienda Mascaró. La CETRAA posee convenios con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y algunas policías autonómicas para la tramitación de estas denuncias.
No obstante, la actividad de este tipo de establecimientos puede incurrir en distintos tipos delictivos. Además de las estafas, pueden darse delitos contra la seguridad laboral, fraude fiscal o a la Seguridad Social o contra la seguridad vial. “Incluso hemos detectado robos de vehículos y tráfico de drogas en establecimientos de este tipo”, asegura Luis Mascaró. En cualquier caso, las víctimas siempre tendrán a su disposición los cauces habituales para la interposición de denuncia en el juzgado, la fiscalía o la policía.