Una reciente investigación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha destapado una preocupante trama de maltrato y negligencia hacia los animales abandonados en la provincia de Barcelona. Denominada “Operación RELICTA”, esta investigación ha sacado a la luz irregularidades alarmantes en el trato de estos animales, involucrando a cinco empresas, siete personas y más de cincuenta ayuntamientos que, hasta ahora, desconocían las prácticas ilegales que se estaban llevando a cabo.
El origen de la investigación
Todo comenzó hace algunos años, cuando varias denuncias ciudadanas alertaron sobre las condiciones irregulares de una residencia canina que albergaba animales abandonados. En el corazón de las sospechas estaba una incineradora que, pese a contar con autorización, no seguía los protocolos legales para la gestión de cadáveres. Las investigaciones apuntan a que esta instalación pudo haber sido utilizada para encubrir sacrificios injustificados y destruir pruebas de maltrato animal.
La situación escaló cuando la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) presentó pruebas documentales que llevaron a la apertura de la investigación penal. SEPRONA descubrió que estas residencias compartían gestión y que, tras cambiar de ubicación, continuaron operando bajo una fachada renovada, pero con prácticas profundamente cuestionables.
La Guardia Civil destapa graves irregularidades en la gestión de animales abandonados, incluyendo maltrato, sacrificios injustificados y prácticas ilegales
Historias de dolor y abandono
Entre los casos documentados destacan relatos desgarradores. Está el caso de Nuna, una perra preñada que, en apenas dos meses, perdió peso de forma alarmante y vio a sus cachorros sacrificados sin motivo. Bulbo, otro perro víctima de negligencia, fue brutalmente atacado debido a jaulas mal diseñadas y, en lugar de recibir atención, fue etiquetado injustamente como agresivo, siendo sacrificado poco después. Finalmente, está Uma, una perra que en solo 107 días perdió el 39% de su peso corporal debido a las pésimas condiciones en las que vivía.
Un sistema opaco
Las residencias implicadas operan con un nivel de secretismo extremo. Sus trabajadores están sujetos a estrictos contratos de confidencialidad, y no se permite la participación de voluntarios, lo que dificulta supervisar el trato hacia los animales. A pesar de las grandes cantidades de animales recogidos, los centros no parecen sobrepasar su capacidad máxima, lo que generó dudas sobre el destino real de los animales.
Consecuencias legales y éticas
La investigación concluye que esta red operaba bajo un esquema criminal, lucrándose a través de contratos con los ayuntamientos y la gestión irregular de cadáveres. Entre los delitos denunciados están el maltrato animal, la falsificación documental, y delitos contra los recursos naturales, además de formar parte de una organización criminal.
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