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La crisis de 2008 redujo un 75% la inversión en infraestructuras hidráulicas en Valencia

Efectos de la dana 

El Ivie analiza la reducción inversora en infraestructuras en las zonas inundables de la provincia desde el año 2009 y apunta que “estamos en riesgo si no buscamos otro equilibrio en el gasto”

Vista general de las obras de recuperación del puente de la CV-403, en los términos municipales de Torrent y Picanya 

Biel Aliño / EFE

Intensa ocupación de la zona inundada y limitado esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas durante los últimos 15 años en la provincia de Valencia. Son dos aspectos que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha contrapuesto para analizar, con otras variables, el alcance económico de la dana, del que da cuenta en un informe pormenorizado que no se atreve a cuantificar todas las pérdidas, pero sí que alerta de la necesidad de más ayudas públicas.

El director de investigación del Ivie, Francisco Pérez, explicó ayer como desde la crisis financiera de 2008 la inversión en este tipo de infraestructuras ha caído un 75%, pasando de los 200 millones de euros anualmente en los primeros años de siglo a menos de 50 millones en el periodo posterior a 2011. “Las infraestructuras ofrecen menos resistencia que las inversiones sociales, pero estamos en riesgo si no buscamos otro equilibrio en el gasto en infraestructuras”, sentenció ayer Pérez. 

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En el informe, el Ivie recoge que la mayor parte de las inversiones hidráulicas las realizan las Administraciones Públicas y las Confederaciones Hidrográficas, pero destaca que en ambos casos se produjo un “fuerte ajuste a la baja” a partir de 2009 como resultado de los recortes en las inversiones públicas que tuvieron lugar en España para controlar el déficit público al estallar la crisis financiera.

Evolución de la inversión en infraestructuras hidráulicas públicas de la provincia de Valencia 2000-2021

ivie

Y advierte que la consecuencia de ese bajo esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas es que se aplazan los nuevos proyectos y “ni siquiera se cubre la depreciación del capital acumulado previamente”. Añade además que “los efectos de esta insuficiente política de inversiones son más graves por las características del territorio”, particularmente vulnerable a las inundaciones y entre los más amenazados por los crecientes riesgos derivados del cambio climático y los eventos climatológicos extremos.

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Del déficit inversor en este tipo de infraestructuras ya dio cuenta hace un par de años la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), cuando presentó a la Generalitat Valenciana un “Inventario de Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunidad Valenciana”. Incluía un análisis pormenorizado de las prioridades del territorio valenciano en materia de agua formado por 235 inversiones por valor de 2.264 millones de euros, 1.186 millones de los cuales se le exigían al Estado y otros 894,16 millones de euros a la Generalitat Valenciana. El gobierno valenciano hizo suya la reivindicación tras el informe y en aquella presentación el presidente Carlos Mazón dijo que “es el Gobierno de España quien tiene que dar un paso adelante si no queremos que el desierto entre en Europa por la Comunidad Valenciana, y por Murcia y Almería”. 

El informe de la CEV distinguía la necesidad de invertir hasta 769,1 millones de euros en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), donde la mayor parte de las inversiones se destinarían a regadío (642,9 millones de euros). En la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ahora en el punto de mira tras la dana, presupuestaban 1.494,86 millones de euros, con varias partidas destacadas, como los 528,44 millones para regadío así como los 250,21 millones para saneamiento y depuración y otros 263,36 millones de euros para abastecimiento urbano.