La ley educativa valenciana que aprobaron PP y Vox en Les Corts y cuyas primeras medidas ya han entrado en vigor este curso escolar será examinada por el Tribunal Constitucional. Compromís ha logrado sumar otras 48 firmas de diputados a las de sus dos únicos representantes en el Congreso para presentar un recurso contra una ley que consideran que vulnera los derechos lingüísticos del alumnado valenciano. Por su parte, el Gobierno también ha iniciado los trámites para exigir a la Generalitat que modifique uno de sus artículos (el que hace referencia a la exención lingüística) y dos disposiciones adicionales bajo la amenaza de que, de no hacerlo, el Ejecutivo puede llevar la norma al TC.
La reacción del presidente valenciano Carlos Mazón, que defendió la legitimidad de Les Corts para aprobar la legislación autonómica, no se hizo esperar: “Se quieren pasar por el arco del triunfo el Estatuto de Autonomía”
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La izquierda, de forma paralela que no unida-el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ya dijo que su partido no prestaría sus diputados para que Compromís presentara su propio recursos-, trata que el Alto Tribunal frene una norma que fue muy criticada por el mundo académico. Tanto la Universitat de València como la Acadèmia Valenciana de la Llengua -así como el Consell Jurídic Consultiu, este último no de forma unánime- pusieron de relieve que la norma es “innecesaria, discriminatoria y recesiva” (UV) y “en lugar de promover el valenciano, favorece el castellano” (AVL).
Por su parte, el PP siempre ha defendido que la nueva norma da libertad a los padres para elegir la lengua vehicular de sus hijos, pone en igualdad de condiciones a ambas lenguas, a la vez que promociona el valenciano sin imponerlo.
Suma de fuerzas
Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG apoyan el recurso de Compromís
Con una gran foto de familia en la simbólica Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, los dos parlamentarios de Compromís, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, escenificaban junto a representantes de Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG su unión para presentar un recurso. Los promotores de la iniciativa -partidos a la izquierda del PSOE o abiertamente independentista- consideran que la norma aprobada por la mayoría parlamentaria de PP y Vox va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatuto de Autonomía valenciano, en la Constitución Española y diversas leyes educativas de rango superior. Hablan de que incluso podría vulnerar 28 artículos de leyes superiores.
Además, consideran que la norma obliga a las familias valencianas a matricular a sus hijos antes de saber en qué lengua van a recibir las clases e impide que el alumnado de áreas castellanohablantes pueda aprender en valenciano y dominen las dos lenguas oficiales.
Críticas
Los promotores del recurso creen que la norma impide que los alumnos de áreas castellanohablantes pueda aprender en valenciano
En este sentido, lanzan una advertencia y recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya rechazó una de las medidas que se incluyen en la ley de educación del PP valenciano: aquella que señala que cada alumno pueda elegir lengua para hacer los exámenes.
Por último, apuntan que la ley, cuyos cambios de mayor calado se concretarán en el curso 2024-2025, “permite que haya profesorado sin capacitación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas y vulnera así el derecho del alumnado a recibir clases en valenciano de otras asignaturas”.
A los diputados promotores del recurso respondió ayer el presidente de la Generalitat. Carlos Mazón afirmó que los 50 firmantes “van a tener que explicar si creen o no en el estado de las autonomías y si lo que están es tratando de que siga en la Comunitat Valenciana ese procés de imposición catalanista que ha dominado estos últimos ocho años”.
En esta línea, señaló que su Consell seguirá defendiendo el autogobierno y “la capacidad de la mayoría del pueblo valenciano que ha decidido en base a un programa electoral respaldado mayoritariamente por las urnas, que querían libertad educativa” y la promoción por igual de las dos lenguas, “sin imposiciones” y “trasladando mayor esfera de libertad a las familias”.
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El movimiento de Compromís no es el único que se dio ayer. También el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso en marcha la maquinaria para llevar la norma a los tribunales. El Gobierno centra sus discrepancias en la exención de la evaluación y calificación del alumnado y fomento de su estudio, la educación plurilingüe en otras enseñanzas del sistema educativo o en las situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado.
Incluso antes de aprobarse la ley, el Gobierno ya planteó, por medio de la ministra de Ciencia y Universidades (y líder del PSPV), Diana Morant, la intención de llevar esta norma -y la de Concordia- al TC. Con todo, el silencio durante estos meses acerca de cómo se iba a confrontar la ley educativa de Mazón hacía dudar de las intenciones reales del Gobierno. En Compromís apuntan que su anuncio de acudir al Constituiconal ha acabado por arrastrar al Gobierno ya que, en el Parlamento valenciano, el PSPV fue tan crítico como los nacionalistas con la propuesta de libertad educativa de PP y Vox.
Confrontación también con la ley de concordia
La educativa no ha sido la única norma valenciana puesta en cuestión por el Gobierno. También ayer, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática remitió a la Generalitat una carta para iniciar el proceso de negociación, que establece el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sobre la ley de concordia. El Ejecutivo considera que la norma valenciana “invade competencias estatales, rompe el consenso internacional y no respeta la Constitución Española”.
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