La Generalitat Valenciana alegará contra la propuesta presentada a final de 2021 por el ministerio de Hacienda sobre la población ajustada, el criterio fundamental que marca el sistema de reparto de los recursos de la financiación autonómica.
Fuentes de presidencia señalaron ayer a este diario que "el president quiere que se apliquen mejoras que contemplen las necesidades de la Comunidad Valenciana". Estas mejoras las está elaborando el grupo de expertos nombrado por la Generalitat Valencianas y las Cortes.
Este miércoles, el grupo de expertos presentará en la comisión mixta Consell-Corts Valencianes el documento que se remitirá al ministerio de Hacienda para modificar la propuesta del Gobierno Español.
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El documento plantea diversas modificaciones al criterio de población ajustada y Ximo Puig quiere que sea consensuado también con la Plataforma per un Finançament Just, donde están los sindicatos, la patronal y todos los partidos políticos valencianos excepto Vox.
La idea, según estas fuentes, es lograr un "gran acuerdo" en todos los actores sociales antes de remitir el documento al ministerio de Hacienda. "Ximo Puig está en la línea de defender los intereses valencianos, la propuesta de Hacienda es la del Gobierno Español no la de la Generalitat Valenciana".
Patronal, sindicatos y políticos valencianos, en las escalinatas del Congreso de los Diputados en Madrid
Por ello, tras la reunión Consell-Corts el president quiere mantener un encuentro con los representantes de la plataforma. "Necesitamos que se visualice que hay un amplio consenso social", añaden. La Plataforma ha realizado diversas movilizaciones en los últimos meses para reclamar que el Gobierno resuelva la infrafinanciación valenciana.
El criterio de población ajustada presentado por Hacienda incorpora a las cifras demográficas otros indicadores como la distribución del gasto sanitario, educativo y de los servicios sociales, además de otros elementos geográficos y demográficos como son la superficie, la despoblación y la dispersión.
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Entre los cambios que presenta la propuesta de Hacienda está el aumento del peso de la sanidad y la educación en la ponderación global, y también plantea un potencial incremento de los criterios de superficie, despoblación y dispersión, algo muy querido por las comunidades con menos población.
El pasado mes de diciembre se reunió la comisión mixta Consell-Corts para coordinar los trabajos con los expertos para presentar posible alegaciones. En esa ocasión, el conseller valenciano de Hacienda, Vicent Soler, comentó que el criterio del Gobierno "era mejor" que el el actual, pero también que era "mejorable".
En aquella ocasión, el director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE, Francisco Pérez, señaló que "de entrada, valoramos positivamente que el criterio de población ajustada sea el factor central; pero es pronto para concluir los beneficios o perjuicios de la propuesta de Hacienda".
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Para el ejecutivo valenciano la reforma del sistema de financiación autonómicas es vital. Es, además, eje central del discurso de Ximo Puig desde que alcanzara la presidencia de la Generalitat Valenciana en 2015.
Pero lo cierto es que la lentitud del Gobierno para plantear el cambio de modelo, unido a la negativa del PP a afrontar el debate ahora, han extendido la convicción de que no será posible abordar un cambio antes de final de legislatura. El actual modelo caducó en 2014.