Una deflagración en la campaña del PSPV y Compromís

Seguramente, cuando usted lea estas líneas, el PSPV (o la dirección del PSOE) estará adoptando, o habrá adoptado, la decisión de invitar a Jorge Rodríguez a abandonar su idea de presentarse con estas siglas a la alcaldía de Ontinyent. El sumario del caso Alquería, por el que el entonces presidente de la Diputación de Valencia fue detenido junto a asesores y colaboradores, descubre que bajo su mandato se “enchufaron” a siete cargos del PSPV y Compromís vulnerando varias normas de la administración estatal y autonómicas y, además, con presiones y amenazas impropias en dos partidos que alzaron la bandera de la honestidad para torpedear, con razón, la tolerancia insufrible durante años del PP con la corrupción.

Si hace poco hablábamos de una “detonación” en el PP con al detención del cuñado de Rita Barberá, y la imputación de su hermana y sobrinas, en este caso se ha producido una deflagración sobre la que el PSPV, principalmente, y también Compromís, deben adoptar decisiones inmediatas y contundentes. O de lo contrario, lo que resta de campaña electoral de Ximo Puig y Mónica Oltra estará contaminada por un caso que, en las formas, no se aleja mucho de las que tuvo el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, para “colocar” sus fieles en una empresa, Divalterra, que sigue manchada por la falta de una gestión transparente y honrada. Formas que apuntan presuntamente a una manera no ética de entender la política; para ubicar a fieles de forma injusta y contraria a ley en lugares donde la fidelidad se adorna con un buen sueldo y poca dedicación.

Sería también injusto comparar el caso con otros conocidos del PP, donde hubo una clara voluntad de desviar dinero público a bolsillos privados o de agentes del partido, con la complicidad de empresas que suministraban servicios, en muchas ocasiones falsos, a la administración. Nada apunta a que Jorge Rodríguez hubiera querido "robar” a la administración en beneficio propio. Pero en este caso no se trata de comparar, se trata de observar si la conducta fue éticamente admisible, al margen de la instrucción judicial y de la presunción de inocencia que nunca debemos abandonar. De valorar si un partido como el PSPV o Compromís pueden sostener esa bandera señalada cuando en sus filas ha habido personas que han actuado sin la pulcritud que deberían demostrar para no acabar perjudicando a la institución, a sus respectivos partidos y a la política.

Hemos dedicado seguramente cientos de folios y de años a denunciar lo que el PP ejecutó durante años en todas las instituciones valencianas, en todas. Y no fuimos pocos los que exigimos que las líneas rojas se establecieran para que nunca más esta autonomía fuera puesta como ejemplo de la corrupción en España. El PSPV y Compromís han demostrado durante años una enorme valentía y entereza para denunciar la corrupción popular y, además, la estética de los innumerables casos conocidos. Y aunque sea sólo por estética, y al margen de lo que decidan los tribunales, el precio político, que es el mismo que exigía la izquierda en la oposición, debe abordarse. Lo contrario será vulnerar y dañar el principal valor con el que el PSPV y Compromís doblegaron al PP en las urnas: la honestidad.