El PSPV y Compromís, partidos que gobiernan la Generalitat Valenciana, han pedido al expresident Francisco Camps que abandone su puesto en el Consell Jurídic Consultiu, CJC; órgano estatutario de la Generalitat Valenciana. Ambas formaciones lo han expresado tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción pide imputarle por prevaricación y fraude por los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama Gürtel.
El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha recordado que el parlamento autonómico aprobó una iniciativa que reprobaba a Camps y le pedía que dejase el CJC. Y ha asegurado que la permanencia de Camps en el CJC “es incompatible con una persona que está investigada por corrupción”. Por su parte, Manolo Mata, síndic socialista, ha señalado que el expresident “haría un favor a esta tierra que tanto dice él que estima, yéndose del CJC”. “Es un tema de responsabilidad política y ya tiene cuatro frentes judiciales muy graves y debería defenderse y estar excluido del CJC”, ha añadido
Investigación de Camps
El Ministerio Público ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que actúe contra el ex dirigente ‘popular’ en la pieza 5 del ‘caso Gürtel’ valenciano, que se refiere íntegramente a adjudicaciones irregulares por parte de diversas conselleries y sociedades públicas valencianas a Orange Market y otras empresas de la trama dirigida por Francisco Correa y su lugarteniente en Valencia Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, según informa Carlota Guindal.
La Fiscalía pide al juez que impute a Camps después de que se reabriera la pieza tras la confesión del ex número 2 de Camps, Ricardo Costa, durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano y por lo que fue condenado. En la pieza 5 ya está investigada la Directora de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dora Ibars. Anticorrupción resalta que el cargo de Ibars dependía directamente de la Presidencia del Gobierno Valenciano y el posible delito de prevaricación cometido, referido a una adjudicación de fecha 30 de diciembre de 2008, no habría prescrito. Ibars es una más de la larga lista de altos cargos de la Administración de Camps que están pendientes de juicio en esta parte de la causa.
La Fiscalía ha dado este paso tras la sentencia de la financiación ilegal del PP autonómicos cuyo juicio finalizó el pasado mes de mayo y donde los cerebros de la trama corrupta (Franciso Correa, Pablo crespo y Alvaro Pérez El Bigotes) así como Ricardo Costa señalaron a Camps como la persona que conocía el entramado para inyectar dinero negro al PP por parte de los empresarios que consiguieron adjudicaciones públicas millonarias. Anticorrupción apunta a “nuevas revelaciones” para sustentar la reapertura de la causa. Además, también ha tenido en cuenta las conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente entre los años 2008 y 2009 y diversos correos electrónicos intervenidos en la sede de Orange Market el 6/2/2009.
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó por estos hechos a Correa (cinco años y tres meses de cárcel), el empresario Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ (seis años y nueve meses), Pablo Crespo (cinco años de cárcel) y otros implicados en esta pieza de la trama como fueron los nueve empresarios que reconocieron que habían pagado de forma irregular parte de las facturas de estos actos electorales.
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