El juez concluye que Inipro trabajaba para el PSC

El juez que instruye el caso Inipro concluye que las personas contratadas por esta empresa no trabajaron para el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) sino que hacían campaña para el PSC, “bajo el paraguas de un contrato público”. En el auto hecho público este miércoles por la mañana, el magistrado cita a declarar como investigada a la concejal y portavoz del equipo de gobierno, Begoña Floría, por impulsar el grupo “ciberactivistas Ballesteros”, integrado por las personas contratadas por Inipro. En lugar de trabajar para favorecer la integración de ciudadanos inmigrantes, este grupo “tenía como objetivo promover la actividad del partido y en concreto dar apoyo a la red del alcalde”. El juez vuelve a citar a declarar como investigado al ex jefe de gabinete de Josep Fèlix Ballesteros, Gustavo Cuadrado, y cita en calidad de partícipe a título lucrativo el PSC.

El juez investiga las presuntas irregularidades tanto en el proceso de la contratación de Inipro, que debía potenciar el asociacionismo entre inmigrantes, como en la prolongación del contrato durante casi dos años, en los que el alcalde firmó facturas (más de 200.000 euros en total) con hasta siete advertencias de ilegalidad. En el auto, el juez reitera “la escenificación de todo un proceso simulado de contratación pública exclusivamente encaminado a la colocación de una serie de personas para realizar trabajos en beneficio del PSC a costa del erario público”. En el caso, que la CUP llevó a los tribunales, el juez investiga a Ballesteros y a otras diez personas por delitos como malversación, prevaricación, cohecho o alteración de precio público.

El auto se basa en la información que contenía un disco duro aportado por un testigo del caso, que contenía una carpeta con mensajes de correo electrónico de uno de los investigados, Antonio Muñoz (ex gerente del IMMST). El juez cita correos que se enviaron, entre otros, Gustavo Cuadrado, Begoña Floría, Alejandro Caballero y Cecilia Mangini (también investigados por el caso). En uno de ellos, Floria infroma a Cuadrado que la actividad realizada por los miembros del grupo de ciberactivistas es retribuida. En otros correos, Cecilia informa que “miramos la prensa, felicitamos cumples, hicimos comentarios, movimos temas por la red para ir creando tensión y tendencia hacia las generales (...) día a día agregamos amigos para excluir o pasar a la página del alcalde”. El juez destaca otro mensaje enviado por Cuadrado en el que recrimina al grupo la forma en la que llevan a cabo el trabajo: “Creo que el tema de la red está relajado... (...) También debéis empezar con el tema videos y cartas al director... Cada día hacer un par y conseguir firmas”.

El juez transcribe otro correo, de abril de 2013, que Cuadrado envió a la ex concejal Victoria Pelegrín y a Antonio Muñoz, con copa a Joan Maria Abelló y Begoña Floria: “parece que el tema saldrá en el Diari de Tarragona... el periodista es el típico capullo que piensa que todos somos unos corruptos. Estamos intentando que sea agua de un día..”. En el auto, el juez concluye que “la contratación de Inipro por el IMSST se urdió para realizar actividades en beneficio del PSC” y que “la empresa fue el instrumento utilizado por el partido para que personas determinadas (afiliados o simpatizantes del mismo) realizasen de forma remunerada actividades de naturaleza política a cargo de los presupuestos municipales”. Por ello, también cita como partícipe a título lucrativo del PSC, “determinando, en este momento, el alcance de su responsabilidad económica a la cantidad total desembolsada para sufragar el contrato con Inipro, esto es 337.168,97 euros”.

El Ayuntamiento de Tarragona ha hecho público un escueto comunicado en el que afirma que “el equipo de gobierno manifiesta su confianza y colaboración total con la Justicia”.