El caso ERE, diez años después de que comenzase su investigación judicial tras un soborno a empresarios de hostelería en la empresa de alimentación del Ayuntamiento de Sevilla dirigido por Alfredo Sánchez Monteseirín, continúa siendo un inmenso pozo de mentiras interesadas. Nadie dice la verdad. Ni el PSOE, que intenta aprovechar a su favor las revisiones de las condenas por prevaricación y malversación de sus antiguos dirigentes por del mayor caso de corrupción de Andalucía, ni el PP, que se ha visto sorprendido por el giro in extremis de una causa –moral, política y penal– que ya daban por amortizada en términos partidarios.
Los reflejos del Quirinale y de Génova han sido escasos, por no decir nulos. La derecha ni siquiera intentó una recusación preventiva de la magistrada ponente, Inmaculada Montalbán, nombrada a propuesta de los socialistas, cosa que por el contrario sí trató de hacer –sin éxito– cuando el Constitucional tuvo que pronunciarse acerca de la ley del aborto. Tampoco les va a servir de mucho consuelo su insistencia en que lo que se malversaba era “el dinero de los parados” o su tesis de que fue el PP quien desveló la trama. Ambas cosas son mentira.
Los reflejos del 'Quirinale' y de Génova han sido escasos, por no decir nulos
Los ERE, que eran un sistema concebido para despedir trabajadores con dinero público y a coste cero para determinadas empresas, muchas solventes, surgieron como una derivada de una mordida descubierta por la sección sindical de CCOO en Mercasevilla, la empresa de alimentación del ayuntamiento, a la que el PP local se sumó para ponerse la medalla del caso.
La filtración por una de las partes de las grabaciones del soborno hizo olvidar pronto que la derecha, aunque presentara la primera denuncia ante los tribunales –su abogado, Luis García Navarro, tras ser alto cargo con Moreno Bonilla ocupa un puesto en el Consejo Consultivo de Andalucía–, no fue realmente quien descubrió el secreto, aunque lo amplificase al máximo.
El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, y Moreno Bonilla en el Parlamento de Andalucía
La súbita liberación de parte de los altos cargos socialistas que estaban en la cárcel, y la restitución (imposible) de los exconsejeros de la Junta del PSOE, cuya nueva sentencia está todavía pendiente de ser dictada, cosa que asombrosamente no ha impedido que muchos proclamen su inocencia, ha caído en los cuarteles generales del PP andaluz como un trueno.
En primer lugar, porque quiebra el relato que el partido conservador viene haciendo desde hace un decenio sobre el PSOE andaluz. En segundo término, porque –como están repitiendo en base a un mismo argumentario todos los encausados amparados por el Constitucional– pone de manifiesto sus contradicciones entre su discurso político y su acción gubernamental.
Que los socialistas califiquen de “cacería” este fraude colosal de dinero público, una cuestión que el TC obvia con un argumento jurídico abstracto que desprecia de la verdad empírica –el dinero público se distribuyó sin transparencia, en contra de la legislación de subvenciones y a pesar de todas las alertas internas– entra dentro del carrusel de la demagogia política.
Manuel Chaves, Susana Díaz y José Antonio Griñán en el Parlamento de Andalucía
Pero el hecho de que San Telmo no haya tenido entusiasmo en recuperar el dinero público desviado es una de las razones que ahora agitan los socialistas para exigir un acto público de desagravio (que tampoco merecen). La restitución del dinero de los ERE, es cierto, no es tarea fácil. Entre otras cosas porque muchas de las ayudas de esta sucia pax social, que era también una industria basada en la desgracia ajena, y a pesar de tener un importe millonario, fueron entregadas no sólo sin concurrencia competitiva o transparencia, sino sin papeles.
En la consejería de Empleo, donde se ejecutaban las órdenes de los gobiernos socialistas, no existían ni siquiera expedientes de dichos desembolsos. Parte de la documentación se montó a posteriori, para dar respuesta a las peticiones judiciales durante el proceso de instrucción.
Nadie controlaba tampoco si las empresas agraciadas merced al sistema corrupto de despidos y prejubilaciones en serie estaban realmente en crisis o si cumplían los requisitos. De hecho, no existían más condiciones que el capricho, la inclusión de intrusos –los beneficiados por las pólizas de seguro que nunca trabajaron en las compañías, entre ellos familiares de altos cargos del PSOE– y una obligada omertá, además del pago de las correspondientes comisiones.
Moreno Bonilla, en el arranque de la campaña electoral de 2018, se retrata junto a dirigentes del PP, en la puerta de un antiguo prostíbulo al que acudían dirigentes del PSOE
La revisión (de oficio) de estas ayudas irregulares fue una de las maniobras de distracción de José Antonio Griñán durante su última etapa como presidente de la Junta, que intentaba así establecer un círculo de seguridad a su alrededor. La iniciativa no llegó demasiado lejos.
Tras la dimisión de Griñán, Susana Díaz, que acaba de ser declarada Hija Predilecta de Triana por José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla (PP), ideó un plan para que la causa judicial no afectase al patrimonio personal de los altos cargos socialistas. La vía elegida fue dejar de acusar a los encausados del PSOE, lo que cerró la puerta a que, a su vez, la Fiscalía pudiera reclamar el dinero público, ya que únicamente puede hacerlo la Administración perjudicada. Ninguno de ellos ha pagado fianza alguna por su (entonces) responsabilidad penal.
La decisión del Constitucional abre ahora la puerta a que los condenados puedan reclamar indemnizaciones económicas. Podrían pasar pues de ser sentenciados como prevaricadores y malversadores a percibir ingresos de las arcas públicas. Esta es una de las paradojas que invoca el PP para desviar la atención de su abulia a la hora de recuperar el dinero de los ERE, del que sólo se ha reintegrado un mísero 3,9% (27 millones de euros) de lo defraudado.
Luis García Navarro, abogado del PP en el caso ERE llega a los juzgados de Sevilla con una colaboradora
En el lustro de mandato de Moreno Bonilla, esta cifra se ha movido poco. El número dos del gobierno andaluz, Antonio Sanz, encargado de esta tarea, ha demostrado un nulo entusiasmo para impulsar los mecanismos legales existentes para recuperar los fondos, lo que lo sitúa en una situación comprometida en vísperas de una inminente crisis dentro del ejecutivo andaluz.
Además de la revisión de oficio, los procedimientos de reintegro de los fondos de los ERE se han tramitado a través de la legislación de naturaleza económica –el Tribunal de Cuentas, que ha impulsado expedientes por valor de casi 170 millones de euros contra los ex altos cargos socialistas y las empresas beneficiadas que ahora podrán ser impugnados– y por la vía penal, donde el PP está presente como acusación particular en cada una de las piezas separadas de la causa general, una por cada empresa subvencionada (135 millones).
Parte de estas iniciativas están abocadas al fracaso porque los hechos han prescrito dada la demora en activar los mecanismos administrativos. En otros casos, dependen de una sentencia penal firme, cosa que en todavía no se ha producido en bastantes casos y es ingenuo esperar, dado que la interpretación del Constitucional no sólo invalida la pieza política de los ERE, sino que desactiva también la trama empresarial pareja. La promesa de Moreno Bonilla –“el dinero sustraído a los andaluces volverá a ser de los andaluces”– se ha quedado en puro humo.
Las críticas de la derecha meridional a que el Constitucional funciona “un instrumento del aparato político de la Moncloa” intentan disimular que, una vez obtenido el correspondiente rédito político, no ha existido entre sus filas voluntad para paliar el saqueo de los ERE. Es lo mismo que hizo el PP cuando la Fiscalía le pidió su opinión (como acusación) sobre si Griñán debía o no entrar en prisión. Eligió no pronunciarse y ponerse de perfil. Seis ex altos cargos del PSOE, entre ellos los exconsejeros Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Martínez Aguayo y Francisco Vallejo (estos dos últimos ya excarcelados) han sido eximidos de su condena. En unos días el Constitucional salvará también a Chaves y a Griñán.
San Telmo ha decidido esta semana dejar en suspenso la ley, acordada con el PSOE, que permitía a todos los expresidentes de la Junta –y cuya aplicación hasta ahora sólo se contemplaba para Susana Díaz y Moreno Bonilla (el día que deje de serlo)– un sueldo vitalicio de 83.758 euros al año a cargo del Consejo Consultivo de Andalucía. Sin condena por los ERE, ateniéndose a una ley aprobada por el PP, podrían cobrarlo Griñán y Chaves. Más que la legitimidad de la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, que es el mensaje que repiten los socialistas, el borrado de los ERE evidencia la negligencia de su gobierno.