El régimen andaluz, segunda temporada
Cuadernos del Sur
La discusión no es cosa nueva y el diagnóstico está muy cerca de cumplir el medio siglo. Pero saberlo desde hace tantísimo tiempo no ha evitado que la profecía se haya cumplido con una exactitud casi matemática. A comienzos de los años ochenta, en una entrevista con Eugenio Scalfari, el director del diario La Repubblica, el líder del eurocomunismo y padre de la via terza, Enrico Berlinguer, sentenciaba que la crisis en Italia no obedecía a la existencia de la corrupción entre los políticos, sino a una “cuestión moral”: los partidos que les daban cargos y cobertura se habían hecho con el control absoluto de las instituciones públicas.
“Los partidos ya no hacen política” –explicaba Berlinguer– “se han convertido en máquinas de poder y clientelismo. Administran intereses de camarillas que no tienen ninguna relación con el bien común”. No cabe definir mejor la honda crisis de credibilidad por la que pasan las democracias cuando se diluye la distinción (trascendente) entre el ámbito institucional y el espacio (fenicio) de lo partidario. La corrupción ha existido desde siempre, pero la única forma de evitar que contamine toda la vida pública es la acción decidida de las instituciones.
La corrupción siempre ha existido, pero la única forma de evitar que contamine la vida pública es la acción de las instituciones
En España esta confusión entre lo institucional y lo partidario es una costumbre secular. Existe, al menos, desde la Restauración borbónica. No desapareció durante la República y se consolidó con el franquismo. La Santa Transición terminó por prolongar el mal hasta nuestros días. El sistema político español reposa sobre la Corona y en dos partidos sistémicos (PSOE y PP) que administran, según la conveniencia de cada momento, las mayorías electorales.
Por supuesto, tenemos instituciones, pero son estériles porque su función es meramente teatral y están dirigidas por los partidos. Este modelo se ha replicado, a su vez, en las autonomías. En Andalucía, que conquistó su autogobierno en contra de todos los factores ambientales, la movilización popular de finales de los años setenta no tardaría demasiado tiempo en ser encauzada en el sentido que más interesaba al PSOE. Los socialistas patrimonializaron la autonomía y sus instituciones desde el primer día y, a lo largo de sus casi cuarenta años de hegemonía en el Sur de España, ocuparon con sus dirigentes, además de la Junta, el resto de entidades y organismos públicos encargados de controlar sus sucesivos gobiernos.
Moreno Bonilla, junto a la expresidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), en un acto de homenaje a Blas Infante
La carambola que hace cinco años llevó a Moreno Bonilla a San Telmo, merced a una alianza entre el PP, Cs y Vox, inédita entonces, no ha modificado estos hábitos. El presidente de la Junta, liberado de sus antiguos socios gracias a la mayoría de julio de 2022, viene desde entonces aplicando una estrategia de ocupación (partidaria) de las instituciones regionales muy similar a la de Pedro Sánchez. Moreno Bonilla no hace tanto ruido como el presidente del Gobierno –en buena medida porque el éxito de su estrategia depende de que no se evidencie– pero, en esta legislatura, ha dado un viraje manifiesto a su táctica de contención.
El PP evita desde el primer día llamar “absoluta” a su supremacía parlamentaria –los argumentarios de San Telmo obligan a denominarla como “mayoría suficiente”– pero hace un ejercicio pleno y constante de sus prerrogativas, incrementadas tras ganar los ayuntamientos de todas las capitales de provincia y seis de las ocho diputaciones en las elecciones municipales, exactamente igual que los gobiernos socialistas a los que vinieron a enmendar.
Moreno Bonilla y Juan Marín, actual presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía
El último hito va a ser la entronización de uno de los exconsejeros –el economista Manuel Alejandro Cardenete– como presidente de la Cámara de Cuentas, el organismo responsable de fiscalizar los presupuestos y todas las empresas y organismos públicos, incluyendo las corporaciones locales y las universidades. Un poder enorme que formalmente emana de la composición parlamentaria pero que, por la vía de los hechos, supone situar como vigilante de las decisiones del gobierno a alguien que ha estado dentro. A las órdenes de San Telmo
Cardenete es una muestra más de cómo los exconsejeros de la Junta procedentes de Cs han pasado –sin quebranto, con alegría– a profesar una ciega obediencia partidaria en favor del PP, siempre que haya un cargo y un sueldo por medio. La lista es extensa. La consejera de Economía, Rocío Blanco, procedente de las listas naranjas, ha sido mantenida en su cargo. Juan Marín, vicepresidente durante el primer gobierno de Moreno Bonilla y jefe del partido liberal en Andalucía, preside (por una decisión personal del presidente) el Consejo Económico y Social (CES), un organismo encargado de la interlocución institucional con los agentes sociales y que debe informar previamente todos los anteproyectos de ley.
Manuel Alejandro Cardenete, exconsejero de Educación de la Junta y futuro presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía
La exconsejera de Igualdad, Rocío Ruiz, también de la filas de Cs, docente de profesión y sin experiencia en televisión, fue designada miembro del Consejo Audiovisual (CAA), otro de los órganos públicos de extracción parlamentaria. En el consejo de administración de Canal Sur, la televisión autonómica, no ha sido necesario hacer cambios porque ya estaba bajo el control político de San Telmo desde la pasada legislatura, merced a un acuerdo para repartirse los sillones con el PSOE, que aprovechó para situar en él a políticos y a periodistas afines.
Los socialistas tampoco han sido nada beligerantes con la remodelación del Consejo Consultivo, que garantiza a los expresidentes de la Junta –Susana Díaz y Moreno Bonilla cuando deje de ser presidente– un puesto institucional con un sueldo vitalicio de 68.000 euros hasta que cumplan los 75 años. El PP también ha buscado ubicación en puestos de segundo nivel para Sergio Romero, Teresa Pardo y la expresidenta del Parlamento, Marta Bosquet.
Rocío Ruiz, exconsejera de Igualdad y miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía
Todos venían de Cs. El primero ocupa la dirección del Instituto de la Juventud (IAJ) en Cádiz. La segunda es delegada en Málaga de la Consejería de Justicia. Y la tercera, abogada, disfruta de la presidencia del Instituto Andaluz de Formación e Investigación Agraria (IFAPA). Moreno Bonilla no ha tenido necesidad de controlar con un presidente de su confianza la Oficina del Defensor del Pueblo porque al actual presidente de este organismo, Jesús Maeztu, nombrado en su día por el PSOE y con 81 años de edad, no se le conoce un solo informe que sea crítico con las políticas de San Telmo desde que fue designado por Susana Díaz.
Rocío Blanco tomando posesión de su cargo de consejera de Empleo ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno
No es de extrañar que el PP andaluz se haya resistido contra viento y marea a reformar la Junta que heredó del PSOE. Su objetivo, tras superar la interinidad de la primera legislatura, es articular un régimen de poder que sea duradero y en el que las instituciones, formalmente independientes, pero obedientes de facto, velen por los intereses políticos del Quirinale.