Griñán evita entrar hoy en la cárcel a falta del informe forense sobre su estado de salud
Caso de los ERE
Hoy expira el plazo para la entrada en la cárcel de manera voluntaria para el resto de los condenados
La forense desaconseja la entrada en la cárcel de Griñán para cumplir su condena por los ERE
José Antonio Griñán, expresidente de la junta de Andalucía, condenado a seis años de prisión.
José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía condenado a seis años de prisión por la comisión de un delito de malversación en el caso de los ERE, finalmente no ingresará hoy en la cárcel ya que la Audiencia Provincial de Sevilla no ha recibido el informe forense solicitado para determinar el estado de salud del expolítico, que ha pedido la suspensión de la ejecución de su condena al padecer cáncer de próstata.
Así lo han señalado fuentes judiciales a EFE, que han indicado que los magistrados no decidirán sobre el futuro de José Antonio Griñán hasta contar con un informe del Instituto de Medicina Legal, donde un médico debe dirimir si el tratamiento prescito para el paciente es compatible o no con su estancia en prisión.
Por el contrario, el resto de los cinco exaltos cargos sentenciados por la misma causa sí tendrán que pasar la noche hoy en prisión tras agotarse el plazo de ingreso voluntario dado por Justicia. Recordemos que la que fuera exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguado, ha sido la primera en cumplir con su condena al ingresar el pasado miércoles en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla.
El ingreso en prisión podría "reducir su expectativa de vida"
"Implícitamente", la Audiencia, en la respuesta dada a Griñán el pasado viernes tras informar sobre la enfermedad que padece, informa de que no tomará ninguna decisión hasta que un médico forense informe sobre el estado de salud del paciente, para lo que puede someterlo a distintas pruebas médicas. El objetivo es conocer si el expresidente puede recibir con las mismas garantías el mismo tratamiento que está percibiendo ahora en instancias penitenciarias, o si por el contrario, tal y como defiende su abogado, José María Calero, es una opción inviable.
La defensa sostiene que la entrada en el cárcel de su cliente "incrementaría el riesgo de fracaso del tratamiento iniciado, dificultaría su control por especialistas en onco-urología y podría reducir su expectativa de vida".