En la política española no basta con tener ideas e iniciativa. Hace falta, además de estas dos condiciones, influencia y un padrinazgo poderoso. Dos requisitos que, a tenor de los hechos, parecen faltarle a Granada, aunque en la histórica capital de Andalucía oriental abunde el talento y sobre la dedicación. La decisión de la Moncloa de situar la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) en la Coruña, en detrimento de la urbe andaluza, ha causado una ola de indignación entre las instituciones y los agentes sociales implicados en la candidatura. Se sienten perjudicados por una decisión política que, sin duda, influirá en las municipales de mayo, y por la falta de atención secular de todos los gobiernos.
No es una cuestión de partidos. Se trata de un sentimiento de agravio ecuménico. De fondo. Con raíces profundas y justificadas, aunque su origen se preste a lecturas divergentes. En enero, Pedro Sánchez señaló a la ciudad como el “epicentro de la inteligencia artificial” en España. Fue en un acto electoral junto a Juan Espadas, su hombre en Andalucía. Doce meses después su consejo de ministros elegía a una ciudad gallega como referente de esta tecnología.
El secretario general del PSOE en el Sur campeó el temporal enviando a Granada, donde gobierna su partido, un lacónico mensaje de “cariño y solidaridad” por no haber sido elegida: “Granada es y será la capital del sector científico y empresarial de la inteligencia artificial”. Moncloa, a cuya defensa militante dedica su labor en la oposición el jefe de los socialistas andaluces, no parece tener esa misma opinión. Y exige incluso “mesura” al alcalde de la ciudad, el socialista Francisco Cuenca, que quiere conocer la valoración técnica del concurso.
Vista del Parque de las Ciencias de Granada, obra del estudio barcelonés Ferrater, Jimenez, Brasa
Una impugnación ante los tribunales de la resolución gubernamental –bastante probable– dejaría al Ejecutivo en una situación incómoda. Así que Moncloa envió hace unos días a la ministra de Ciencia a Sevilla –que ha conseguido la Agencia Espacial Española– para ratificar su diktat y avalar al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, que según los sondeos no es capaz de detener la ola electoral ascendente que acompaña al PP desde las autonómicas de junio.
Ferraz prefiere perder Granada en mayo a no revalidar la Alcaldía de Sevilla. La razón es evidente: no es lo mismo dejar de gobernar la capital de Andalucía –donde Moreno Bonilla disfruta de mayoría absoluta– que perder la ciudad de la Alhambra. Y mucho menos si se tiene en cuenta que Muñoz es el heredero digital de Espadas tras su salto a la política regional.
Si Sevilla cayera dentro de cinco meses en manos del PP, que presenta a José Luis Sanz, un candidato distante y ajeno al presidente de la Junta, procedente de las filas del difunto casadismo, el PSOE se quedaría sin su escudo institucional más importante contra la hegemonía conservadora. En cuatro años habría perdido el Quirinale de San Telmo y el consistorio de la Plaza Nueva. Una jugada política que, desde luego, no parece magistral.
Edificio de los Servicios Centrales del Campus de Ciencias de la Salud, diseñado por los arquitectos sevillanos Cruz y Ortiz
Todo hace pensar que la irradiación gallega (Sumar) ha podido influir en la Moncloa, que no se ha atrevido a situar dos agencias estatales en Andalucía –a pesar de que Sevilla y Granada no competían entre sí– con independencia de que ambas candidaturas fueran perfectamente compatibles dentro de la lógica general de descentralización que perseguía el Gobierno.
Andalucía ocupa el 17% de la superficie de España y tiene la mayor población del país (8,5 millones de habitantes). Situar una de estas agencias en su zona occidental y otra en la oriental tiene sentido en términos territoriales. El interés político, sin embargo, no se conduce por criterios objetivos. Mandan las percepciones y las decisiones subjetivas. Arbitrarias.
El argumentario de la ministra de Ciencia no ha tranquilizado a nadie en la autonomía del Sur. Tampoco su apostilla de que Granada cuenta con “el proyecto científico más importante de España”, el IFMIF-DONES, un acelerador de partículas para generar electricidad a partir de la fusión nuclear, que se está desarrollando en un centro de investigación en Escúzar.
Logo de la candidadura de Granada por la AESIA
La ciudad de la Alhambra está encrespada porque lleva años buscando un espacio propio dentro de las iniciativas tecnológicas y sanitarias, al contrario que Málaga –su competidora en el oriente andaluz–, cuyo modelo urbano privilegia el turismo y los negocios inmobiliarios.
El proyecto granadino, que ha conseguido una convergencia entre los intereses académicos –la UGR es una de las universidades más prestigiosas del país y recibe fondos europeos destinados a la investigación–, el ámbito empresarial y todas las instituciones, sin distinción, era una apuesta de largo alcance, centrada en la innovación empresarial que, tras lustros de trabajo sostenido y silencioso, queda seriamente tocada por la decisión de la Moncloa, incluso aunque en un futuro inmediato puedan buscarse fórmulas de compensación.
El agravio tiene indudable base histórica e impacto simbólico. No va a conjurarse recurriendo a la retórica, sino con hechos. Tampoco es de esperar que se atenúe con una interpretación inverosímil en clave de centralismo. En Andalucía, al contrario de lo que sucede en el resto de España, donde Madrid y Barcelona se reparten la influencia política y económica estatal, la capitalidad no ha asegurado a Sevilla en los últimos treinta años –desde la Expo 92– ni inversiones excepcionales ni un trato diferencial en relación con otras urbes meridionales.
El socialista, Francisco Cuenca, con la vara de mando tras ser elegido alcalde de Granada
El eje de poder durante los años de hegemonía socialista, en los que la autonomía practicó con más o menos intensidad una cierta descentralización institucional, discurría entre Jaén, Cádiz y Málaga, aunque el peso de estas agrupaciones del PSOE no se tradujera siempre en términos de inversión regional. Tras la victoria del PP en las elecciones de 2018, la influencia territorial se ha concentrado en Málaga, cuna de la actual nomenclatura de la Junta. Su predio.
Sevilla, en contraste con Madrid, no devora al resto de Andalucía, aunque haya sectores políticos y sociales en la región que todavía agiten el falso agravio provincial. Málaga tiene Ciudad de la Justicia y Metro. Sevilla carece de la primera y su transporte metropolitano, cuya ley estatal se aprobó en 1975, consta de una única línea inaugurada en 2009. Málaga, Granada y la Bahía de Cádiz, en mucho menos tiempo, disfrutan de una infraestructura equivalente.
La capital de la Costa del Sol ha mejorado su posicionamiento turístico gracias a la apertura de museos –entre ellos, el centro Picasso– y alberga el Parque Tecnológico de Andalucía, mientras que Sevilla lleva años esperando ampliar su Museo de Bellas Artes y reformar el Museo Arqueológico para poder exponer el tesoro tartésico de El Carambolo. Cartuja, su polo tecnológico, treinta años después del 92, continúa sin estar integrado dentro de la ciudad.
Granada lleva décadas tratando de mejorar su valoración internacional más allá de la tradicional estampa del turismo –la Alhambra es uno de los diez monumentos más visitados del mundo y el primero del país– con la creación de un hábitat virtuoso para la inteligencia artificial. Una estrategia que su universidad lidera desde los años ochenta. La decepción es comprensible. Sobre todo porque no se trata de un hecho asilado, sino de una constante.
El AVE, que Córdoba y Sevilla estrenaron gracias a la Expo, y más tarde llegó Málaga, no viajó a Granada hasta 2019, después de más de dos décadas de demora y precedido por un bloqueo ferroviario de cuatro años. El tren entre Madrid y Granada incluye desde entonces un trayecto de media hora, a partir de Loja, donde la alta velocidad baja a 30 kilómetros/hora por la decisión de Rajoy de recortar en 320 millones de euros el presupuesto previsto. El acabose.
Edificio Bioregión, sede de AI Lab Granada, centro de inteligencia artificial
Las carencias ferroviarias de Granada darían para escribir un folletín: una estación diseñada por Rafael Moneo que nunca se construyó, la negativa estatal a soterrar el paso del tren por la ciudad o el bloqueo indefinido del tramo del Corredor Mediterráneo que debería unir Almería con el puerto de Algeciras. El Gobierno aduce la orografía de Granada, como si el tren y la montaña fueran incompatibles, pero la razón es otra: una evidente falta de peso institucional.
Junto a este proyecto (de momento, varado) una veintena más de iniciativas, como el ferrocarril al Puerto de Motril, depuradoras, el cierre de la circunvalación –cosa que también sucede en Sevilla con la SE-40–, las conducciones de la presa de Rules, la línea Guadix-Baza-Lorca, el ramal de Cercanías al aeropuerto o la ampliación de la estación de Sierra Nevada (competencia autonómica) están paralizadas, sin proyecto, sin calendario o sin presupuesto.
Granada es la provincia de Andalucía con menor licitación pública por habitante, a pesar de ser la cuarta con mayor población. El Estado solo invirtió el pasado año 21 millones de euros en la provincia, un 45% menos que en 2021. La Junta, en este mismo periodo, destinó 75 millones a proyectos de su competencia, un 117% más. Los ayuntamientos y la diputación costearon iniciativas por valor de 102 millones. Éste es el cuadro. Madrid no cree en Granada.
Sin infraestructuras, la implantación empresarial resulta una quimera, a pesar de la existencia de recursos con incidencia global. En la provincia existen casi 300 empresas vinculadas con prácticas tecnológicas, pero no abundan perfiles laborales acordes a esta actividad. La ciudad tiene un parque tecnológico dedicado a las ciencias de la salud y hasta cinco centros del CSIC. Multinacionales como T-Systems (Deutsche Telekom) trabajan ya desde Andalucía oriental.
La universidad, tercera de Europa en inteligencia artificial, creó una unidad de excelencia patrocinada por Google e Indra, pero el desempleo no baja del 22%, la cifra más alta de España. Desde hace un lustro, Granada trabaja contra los tópicos para crear un ecosistema fértil en la industria del conocimiento, pero su peso político es muy débil en relación a sus capacidades. La provincia parece atrapada en una maldición para la que nadie atisba remedio.