Una condena de dos años y dos meses de prisión por abusar de la nieta de su pareja de 5 años, un detenido por abuso sexual a una joven de 16 años en el baño de un restaurante y un arrestado por abusar de 26 menores a través de una plataforma de juego on line. Todos los casos, la sentencia del jurado y las detenciones, se han dado en Málaga con menos de una semana de diferencia durante el mes de mayo, pero sólo es la punta del iceberg de una lacra que va en aumento.
En 2021, según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual (agresiones sexuales con penetración y resto de delitos sexuales contra la libertad e indemnidad sexual) han aumentado un 22% en Andalucía. Los menores constituyen el eslabón más débil, tanto en el Sur como en todo el país.
No es casualidad. En su contra juega la edad y su capacidad para ser manipulados, la relación afectiva que mantienen con los agresores (6 de cada 10 son conocidos en distinto grado por las víctimas), el miedo a no ser creídos (sólo un 7% de los menores mienten sobre estos casos), la culpabilidad o la vergüenza. Entre estos ítems se encuentra uno de los más importantes, y que explicaría el lapsus de tiempo que transcurre desde que sucede uno de estos episodios y su denuncia: el menor no es consciente de que está siendo víctima de un delito hasta que llega a la adolescencia, cuando puede comprender qué ha ocurrido. Por este motivo, salvo en casos muy concretos donde la evidencia es incuestionable, se demoran las acusaciones.
Ha ocurrido en numerosos casos: un profesor de clases particulares de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abusó durante años de, al menos, tres alumnas, y una de ellas se atrevió a denunciarlo al cabo de 13 años; entrenadores de clubes de fútbol, como el que dirigía un equipo de fútbol base de Málaga y se extralimitaba en sus funciones abusando de hasta 30 chicos; o las denuncias interpuestas por antiguos estudiantes contra algunos profesores del colegio Hermanos Maristas de Granada.
Entre un 10 y un 20% de la población española ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia
Andalucía, según se recoge del 'Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual 2020', elaborado por el Ministerio del Interior y el último donde quedan desglosados el tipo de agresiones a menores, es la comunidad más afectada por este tipo de infracciones. En concreto, de los 10.293 hechos esclarecidos en todo el territorio nacional (1.824 proceden del Sur generando 2.252 víctimas) un 49,1% son menores con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años.
Esta tasa, según Save the Children, perfila grosso modo el problema, pero no se ajusta a la realidad. De hecho, la ONG señala que en España sólo se denuncia un 15% de los casos, por lo que muchos de ellos siguen sin conocerse, así como considera que la magnitud de los abusos en el país afecta a entre 10 y 20 menores de cada 100.
No hay un perfil determinado del abusador, y queda descartada la vinculación de la comisión del delito con problemas mentales, si bien se ha demostrado que en la mayoría de los casos los delincuentes son hombres (97%) de entre 18 y 40 años (86%) y de nacionalidad española (67%) que detectan la fragilidad de los chicos y les imponen la ley del silencio para cometer sus fechorías.
Hay otro porcentaje de agresores, entre un 10-15%, que son menores abusando de menores, como señala la psicóloga y directora de Programas de Infancia, Adolescencia y Violencia de la Fundación Márgenes y Vínculos (con sede en Málaga), Celia Nevado. La doctora hace una relación directa entre el consumo de porno por parte de los adolescentes con las conductas sexuales abusivas hacia sus iguales. “Tienen casi seis veces más probabilidad de ejercer violencia sexual” con otros menores aquellos que “ven intencionadamente pornografía, y sobre todo de tipo violenta, que aquellos que no la ven”, declara.
Seis de cada diez agresores son conocidos en distinto grados por los niños y niñas
La comisión del abuso suele empezar por tocamientos y masturbaciones, y sólo en algunos casos, la víctima llega a sufrir acceso carnal. La ONG determina que en un 4,9% de los casos hay coito vaginal y en un 2,7% existe penetración anal. La violencia familiar, es decir, el depredador forma parte del entorno más cercano del niño, suele ser el origen de la mayoría de los casos detectados. En este sentido, las niñas con edades comprendidas entre los 7 y los 9 años son las más afectadas, mientras que los niños de 11 o 12 años suelen ser víctimas de algún conocido con autoridad (entrenador deportivo, profesor, monitor de tiempo libre…). O lo que es lo mismo, seis de cada diez agresores son conocidos de los menores en distinto grado, y es esta proximidad “lo que les facilita el acceso y el engatusamiento”, declara Nevado.
La psicóloga de la Fundación Márgenes y Vínculos señala varios factores que hacen que los chicos no den el paso para compartir lo que les está sucediendo: las técnicas empleadas por el agresor suelen camuflarse como un juego, otras veces recurre a las amenazas y, por otro lado, puede hacer sentir a la víctima que “los quieren de una forma especial, por lo que ellos guardan silencio para protegerles”, sin embargo, llegados a la adolescencia, las víctimas son “capaces de entender lo que les ha sucedido” y, sin embargo, “en algunas ocasiones siguen manteniéndolo en silencio por vergüenza, culpa o miedo a que se les eche en cara el no haberlo contado antes”.
La barrera del miedo y el silencio se puede romper en cualquier momento, pero para ello, tal y como insiste Nevado, es necesario desplegar una serie de atención profesional que haga frente a la sintomatología postraumática que la persona pueda presentar, bien a través del juego y explicaciones adaptadas para los más pequeños o atendiendo a aspectos relativos a la autoestima, la confianza en los demás y las dudas respecto a la sexualidad en entornos adolescentes. En este caso, desde la Fundación se recurre a Terapia Cognitivo Conductual Focalizada en el Trauma y reforzada con otras técnicas complementarias para trabajar con la familia y educación afectivo-sexual para prevenir la revictimización.
Internet, una ventana abierta a los depredadores
La irrupción de las nuevas tecnologías y el uso de ellas en edades tempranas hace que los niños queden mucho más expuestos a sufrir este tipo de delitos, representando el 80% de las víctimas en esta categoría. En este sentido, los menores de 16 años son el eslabón más débil, y el perfil del delincuente es el de un hombre de edad comprendida entre los 41 y 64 años de nacionalidad española, si bien casi un 12% de las personas abusadores tienen menos de 20 años, según el informe Ojos que no ven de Save the Children. En este estudio, que realiza una radiografía sobre este tipo de violencia en ámbito estatal, se señala que un 2,5% de los estudiantes de la ESO afirma que alguien ha publicado o compartido fotos suyas en las que se encontraban desnudos o medio desnudos sin su permiso, un 10,8% el autor de la publicación es su pareja sentimental y un 2,8% es su expareja.
Adquirir material fotográfico o vídeos con el fin de generar vídeos pornográficos suele ser la meta de estos depredadores, que chantajean a los pequeños comprándoles regalos (como el último caso detectado en Málaga donde un hombre, ya detenido, contactaba con los chicos a través de la plataforma de videojuegos Fornite) o amenazándolos con publicar sus imágenes. Algunos de los delincuentes comparten los documentos a través de la Deep Web con pedófilos u otros perfiles delictivos.
Save the Children denuncia las fallas de los procedimientos jurídicos
Evitar la revictimización del menor abusado, agilizar los trámites y, sobre todo, evitar que un chico tenga que repetir varias veces su relato es la clave para ahorrar sufrimiento a la víctima.
La doctora Nevado ha señalado que el proceso judicial debe estar coordinado con el asistencial y adaptado a las necesidades de la Infancia y Adolescencia. “Si los procesos son los adecuados, muchos más profesionales, familias y menores darán el paso a la denuncia”, confirmaba.
Save the Children indica que, en la mayoría de los casos estudiados, el menor se ha visto obligado a declarar 4 veces, y señala que sólo 3 de 10 trámites abiertos en los tribunales (cuyos procesos se alargan de media 3 años) llegan finalmente a juicio.
La prevención, la clave
La educación, una vez más, es la base para la prevención de este tipo de abusos. Fuentes del Defensor del Pueblo Andaluz señalan que son pocas las iniciativas que se están llevando a cabo en los centros educativos para formar e informar al alumnado sobre sexualidad. Lo que sería una de las principales barreras, junto con la familia, para frenar esta lacra, aún no está bien afianzada. “Queda mucho por hacer, estoy es sólo la punta del iceberg de un gran problema”, nos confirman desde este organismo.
La psicóloga Nevado, por su parte, ofrece una serie de tips para conseguir detectar de manera temprana una situación de abuso:
- Enseñar a los niños y niñas de forma adaptada que hay partes del cuerpo que son privadas y nadie debería tocarlas
- Hacerles sentir que tienen derecho a decir que algo no les gusta y a ser escuchados y protegidos
- Que tengan la capacidad y la posibilidad de contar lo sucedido (saber que los van a creer y los va a proteger)
- Saber diferenciar entre secretos bueno y secretos malos (no ocultar cosas que intuyan que no son buenas)
- Aprender que ante cualquier abuso el único culpable es el agresor
- Hacer un uso seguro de las nuevas tecnologías y conocer que en el mundo virtual pueden ser engañados
- Facilitarles información clara, adaptada y segura sobre cómo pueden denunciar lo que les pasa
Más formación, más educación y más concienciación para que todos los profesionales que están en contacto con menores puedan, de alguna manera, detectar si entre los chicos hay alguno que está siendo violentado. Actualmente, en un alto porcentaje, son las madres las que dan el paso y denuncian la situación que están padeciendo sus hijos (46,0%), los centros educativos lo hacen en un 13,3%, un 10,9% sucede de manera casual (arreglando un ordenador), un 10,3% son sorprendidos y, a través de asistencia médica se detecta un 2,9% de estos casos, según datos proporcionados por Save the Children.