La juez del caso Isofotón pide actas de sesiones de los gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz
Sector fotovoltaico
Investiga la concesión de avales y ayudas a la empresa malagueña, hoy desaparecida, de la que formó parte la actual vicepresidenta cuarta Teresa Ribera
Sevilla y Andalucía Directo / Últimas noticias
Fotografías de los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves
El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que indaga los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la empresa Isofotón,destinada en su momento a la producción y colocación de paneles solares, hoy desaparecida, ha solicitado a la Consejería de Presidencia las actas de las sesiones del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebradas entre 2005 y 2015 que incluyan acuerdos sobre los citados avales.
La petición de la juez Patricia Fernández Franco respecto a los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía con relación a los avales de Idea a Isofotón abarca los periodos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como presidentes de la Junta.
En la causa están investigados cuatro exconsejeros socialistas de la Junta
En esta causa figuran como investigados los exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler, por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación.
Una vez recibido este mismo miércoles el mencionado requerimiento del Juzgado de Instrucción número tres, según la Consejería de Presidencia, dicho departamento va a dar “estricto cumplimiento a lo requerido, en colaboración total con la Justicia”.
El PP ha acusado este miércoles en el Congreso a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de estar “salpicada por una trama corrupta” en la empresa Isofotón, acusaciones ante las que Ribera ha asegurado que “ha pinchado hueso”: “Ni tuve poderes ni tuve firma jamás en esa compañía”, ha asegurado.
El PP implica a la vicepresidenta Ribera, que fue directiva de la empresa
En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, el diputado popular Juan Diego Requena ha asegurado que la vicepresidenta cuarta del Gobierno es “protagonista de una puerta giratoria vergonzosa” que “ha costado 80 millones de dinero público para que trabajara” en esta compañía, señalando que, “sólo un mes después del último regalo socialista” de la Junta de Andalucía a esta compañía, Ribera comenzó a trabajar en esta firma.
Teresa Ribera interviene en el Congreso de los Diputados / EP
“No tuve nada que ver ni con la financiación de Isofotón, ni antes ni durante ni después, ni con las cuentas ni las decisiones de inversión. No tuve poderes ni tuve firma jamás en esa compañía”, ha subrayado. La vicepresidenta para la Transición Ecológica ha asegurado que llegó a “una compañía emblemática” para tratar de “acompañarla” a su internacionalización “en un momento crítico”. “Visto que aquello no era posible, me marché”, ha zanjado.
Ribera ha relatado cómo, entre 2009 y 2013, un 60% de trabajadores del sector fotovoltaico perdió su trabajo, y hasta 2014, de las 41 empresas que había cinco años atrás, 36 tuvieron que echar el cierre. “Más política industrial, más política de acompañamiento a pymes y ver cómo recuperar y ayudar a la recuperación de este país, en lugar de embarrar, que es donde están ustedes”, ha espetado Ribera a la bancada popular.
La ministra asegura que nunca tuvo firma ni participó en las gestiones de financiación de la empresa
Según el juzgado instructor, Idea concedió diversos avales a Isofotón, cuando la situación financiera de la misma era “absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución”, pues en 2010 las participaciones sociales de la entidad fueron enajenadas en favor del Grupo Affirma (80%) y Top Tec (20%), “por un precio simbólico de un euro”, lo que no impidió que la empresa cosechase “cuantiosas ayudas con cargo al erario público”.
Según el Juzgado, Isofotón y las sociedades de las que participa recibieron fondos públicos por valor de más de 80 millones de euros entre 2005 y 2012, mediante “avales e incentivos directos a fondo perdido”, toda vez que “los avales otorgados por la agencia Idea presentan graves irregularidades relativas a la inadecuación de procedimiento y en cuanto a las garantías prestadas, muy deficientes e insuficientes para responder de las cantidades avaladas”.
Para el juzgado, la agencia Idea “debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón”, mientras concedía a la empresa un préstamo de casi 8,4 millones de euros, “pese a constar los incumplimientos respecto a las ayudas otorgadas anteriormente por Idea”.