De Miguel afirma que no tuvo “nada que ver” en la adjudicación de contratos bajo sospecha
Juicio por corrupción
Según la Fiscalía, una veintena de trabajos en materia de Juventud fueron concedidos a dedo a tres empresas pantalla de la trama encabezada por altos cargos del PNV alavés
Alfredo de Miguel (d), principal acusado en el proceso contra la trama de cobro de comisiones ilegales que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV que lleva su nombre, a su llegada, acompañado por su abogado, Gonzalo Susatea, al Palacio de Justicia de Vitoria
El exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, principal imputado en una presunta trama de corrupción, ha asegurado que nunca pidió contratos ni trabajos a los responsables del Departamento de Juventud del Gobierno vasco y tampoco ordenó adjudicaciones desde su cargo como diputado foral de Álava.
De Miguel ha hecho estas afirmaciones en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava contra él y otros 25 imputados, acusados de conformar una trama de cobro de comisiones ilegales en el mayor caso de presunta corrupción instruido y juzgado en el País Vasco. Tras un receso de casi un mes en este juicio para que la Fiscalía y las partes negociaran posibles acuerdos de conformidad con los acusados, este lunes se reanudó la vista con la declaración de De Miguel.
Se piden 54 años de cárcel para De Miguel por 27 delitos como los de asociación ilícita y malversación de caudales públicos
El exdirigente del PNV y exdiputado foral alavés no se encuentra entre los imputados con los que la Fiscalía ha llegado a estos acuerdos que, según desveló ayer el fiscal jefe, Josu Izaguirre, alcanzan a operaciones “esenciales” para “dejar acreditado” que se trata de “una trama organizada criminal” destinada al cobro de comisiones ilícitas.
De Miguel, que únicamente responde a las preguntas de su abogado, Gonzalo Susaeta, ya aseguró ayer que nunca solicitó una comisión por ningún trabajo y este martes ha ido negando los delitos por los que está acusado. El acusado se ha centrado en los contratos adjudicados supuestamente por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco que presidía Juan José Ibarretxe a la trama liderada por De Miguel y otros dos exdirigentes nacionalistas, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería.
Según la Fiscalía, una veintena de contratos en materia de Juventud fueron adjudicados a dedo a tres empresas pantalla de la trama -Kataia, Errexal y Ortzi Muga- y en la mayoría de los casos no consta que se llevaran a cabo.
De Miguel ha insistido en que no adjudicó ni licitó ningún contrato menor a ninguna empresa cuando era diputado porque la normativa foral establece que la formalización de los mismos corresponde a los directores. El Ministerio Fiscal pide 54 años, 11 meses y 15 días de cárcel para De Miguel por 27 delitos, entre ellos los de asociación ilícita, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Considera que lideró un entramado societario dirigido a la obtención de contratos públicos de forma irregular y al cobro de comisiones ilegales.