La Audiencia Provincial ha dado la razón a El Corte Inglés en el litigio que le enfrenta al Ayuntamiento de Mataró para recuperar la inversión en el solar de Can Fábregas que estima en 24 millones de euros. Mientras que los letrados del Consistorio abogaban para que el tema se dirimiera en la jurisdicción contenciosa administrativa, los grandes almacenes reclamaban la vía civil, como así ha decidido el tribunal.
El operador comercial ha solicitado la ampliación de la demanda interpuesta para recuperar la inversión en el solar de Can Fàbregas y de Caralt, y ahora la hace extensiva al Ayuntamiento reconociendo de forma implícita la dimensión pública de la operación de compraventa. Con este argumento, la empresa municipal PUMSA reivindica de nuevo que el asunto sea juzgado por el contencioso-administrativo.
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En febrero de 2024 El Corte Inglés presentó una demanda contra la empresa municipal PUMSA con el objetivo de recuperar por la vía civil la inversión de más de 24 millones que realizó hace más de 15 años para construir un centro comercial en Mataró. En ese momento firmó un contrato de compra-venta a través del cual se comprometió a mejorar la oferta comercial y la movilidad en el centro de la ciudad, a la vez que acordaba colaborar con la promoción económica y la rehabilitación de patrimonio.
En defensa del interés público, PUMSA presentó una declinatoria en el juzgado para que el caso fuera juzgado en el contencioso administrativo. Este argumento fue aceptado en el juzgado de primer instancia, que reconoció la dimensión pública del asunto y declaró su falta de competencia. El Corte Inglés apeló entonces a la Audiencia provincial, que este mes ha estimado su recurso a favor de que el asunto vuelva a la jurisdicción civil.
En paralelo, El Corte Inglés presentó el pasado 14 de febrero ampliación de la demanda que había interpuesto inicialmente sólo contra PUMSA, con quien firmó el contrato de compraventa de los terrenos, y ahora considera también parte implicada al Ayuntamiento. La Audiencia deberá pronunciarse al respecto. El mismo día, el operador comercial presentó una reclamación previa a la vía judicial civil en el Ayuntamiento de Mataró, que está por resolver.
El Ayuntamiento cree que, con estos movimientos, El Corte Inglés reconoce de forma implícita que sí existe interés público en la operación de compraventa. Para el municipio, esta operación no sólo suponía la llegada de una locomotora comercial sino también la construcción de un gran aparcamiento de 839 plazas junto al centro de la ciudad, además de otros compromisos con el patrimonio local y la dinamización comercial.
Ante la novedad sobre la petición de ampliación de la demanda, PUMSA ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que vuelva a valorar el argumento del interés público y que las reclamaciones de El Corte Inglés sean juzgadas por el TSJC y no por la vía civil. El alcalde, David Bote, explicó ayer las novedades sobre el litigio en Junta de Portavoces.
