El caso de Mataró es uno de los ejemplos que se trataron en el I Congreso sobre la Ocupación Ilegal que se celebró en Málaga el pasado mes de mayo y que reunió a los principales juristas expertos en este tipo de delitos. Catalunya lidera el 50% de las ocupaciones ilegales en España y la capital del Maresme es el paradigma de estas prácticas delictivas. En tan solo cinco meses, en la capital del Maresme se han detectado 288 allanamientos y 73 intentos, que pudieron ser abortados por la actuación de los cuerpos policiales.
Las reclamaciones unánimes del Ayuntamiento de Mataró, compartidas por otras ciudades, hasta el momento ha sido desoídas por las administraciones competentes. Desde el Consistorio ya han advertido que las fuerzas de seguridad calculan que durante el 2022, en Mataró las ocupaciones ilegales aumentarán un 47% con respecto al año anterior. De esta forma, si a finales del año 2021 la media de ocupaciones delictivas era de medio centenar cada 30 días, este año estiman que se llegará a cifras próximas a las 900 viviendas al año allanadas ilegalmente.
Los cuerpos de seguridad calculan que los allanamientos podrían crecer un 47% este año
Fuentes policiales apuntan a dos barrios que concentran claramente la problemática en la ciudad, como son Cerdanyola y Rocafonda, cuya estructura social es muy problemática y las actuaciones policiales cada vez se encuentran con más dificultadas por la agresividad de algunos colectivos que actúan como mafias.
Internamente, los policías de Mataró reconocen que el margen de respuesta ante una ocupación no es el adecuado. La media es de diez minutos, un plazo relativamente racional, pero en este tiempo los asaltantes han tenido tiempo de cambiar el bombín de la cerradura e introducirse en el interior, lo que invalida la acción policial. Por ello reclaman que se impulsen medidas legales que permitan a los cuerpos de seguridad a actuar con mayor contundencia ante este tipo de delitos.
La policía admite, internamente, que el margen de respuesta ante una ocupación no es el adecuado
El Ayuntamiento de Mataró lo volverá intentar, especialmente reclamando por el grave incremento de actividades delictivas que rodean a la ocupación ilegal en los inmuebles usurpados y que explicitan en la declaración y moción adoptada por la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano de Barcelona.
Una de las reclamaciones que han incorporado a las distintas mociones y peticiones oficiales es la de forzar la reacción de los grandes tenedores de pisos vacíos. En este caso, el Ayuntamiento de Mataró exigirá a entidades bancarias, fondos inmobiliarios y grandes propietarios que cedan los pisos que no hayan alquilado o vendido a los ayuntamientos o a entidades sociales .
Cerdanyola y Rocafonda, los dos barrios que concentran la problemática en Mataró
Las administración local también reitera su demanda ante el Departament d’Interior de la Generalitat para elaborar un Plan Especial de Seguridad contra las mafias –grupos y organizaciones criminales– que trafican con las personas y las usurpaciones de inmuebles.
En paralelo, también reclaman al Consejo General del Poder Judicial la creación de juzgados específicos en las demarcaciones donde se acumulen más casos y crear la figura del fiscal especializado, lo que permitiría a la policía agilizar los desalojos.