El empresario Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta en el recinto Madrid Arena en la que murieron cinco jóvenes en el 2012, se volverá a sentar en el banquillo, en este caso acusado de presunta estafa y apropiación indebida en la gestión de una empresa en la que fue administrador único hasta que ingresó en prisión en el 2018.
Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el juicio está previsto que se celebre el próximo 17 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, tras varias suspensiones previas.
Miguel Ángel Flores era el presidente y administrador de la empresa Diviertt y promotor de la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012, en la que fallecieron cinco jóvenes de entre 17 y 20 años.
Condenado en el 2016
Flores fue condenado en el 2016 a cuatro años de prisión como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave, y el tribunal le inhabilitó para organizar eventos durante el tiempo de la condena.
En marzo de 2018 el Tribunal Supremo confirmó la condena a Flores y el empresario entró en prisión, de la que salió en octubre de 2020 tras casi un año en tercer grado.
Ahora Miguel Ángel Flores volverá al banquillo junto a un socio, acusados ambos de apropiación indebida continuada, estafa continuada, administración desleal y de delitos societarios como falsedad contable o adopción de acuerdos lesivos adoptados con mayorías ficticias.
Sin embargo la Fiscalía no considera acreditada la autoría de ningún delito y solicita la absolución de los acusados.
Postura de la Fiscalía
En el escrito de la Fiscalía se hace referencia a los hechos denunciados por la acusación particular (sin que por el momento haya trascendido quién la ejerce), según los cuales Flores, que fue el dirigente de la entidad Canacur S.A. desde el 22 de diciembre de 2014 hasta el 1 de junio 2018, y su socio, que lo fue desde 2012 hasta que llegó el primero, aprovecharon sus cargos para cometer diferentes ilegalidades.
La Fiscalía sin embargo no considera probado que ambos aprovecharan las obras de remodelación de un centro deportivo que la entidad gestionaba en la estación de Chamartín, que se encontraba dentro de su objeto social de explotaciones, para apoderarse de diversas cantidades de la entidad que sumaron 440.968 euros.
Ni que ampliaran su apoderamiento posteriormente hasta la cantidad de 683.085 euros.
Tampoco ve acreditado la Fiscalía que ambos acusados determinaran ampliaciones de capital en la entidad Canacur en cuatro ocasiones (en 2012 y 2013) con el fin de obtener una participación preferente en la misma "con dinero procedente del apropiado previamente de la propia empresa, en perjuicio del resto de accionistas que no dispusieron de esta posibilidad".
Ni que los procesados ordenaran falsear los registros contables y las cuentas anuales de la empresa Canacur, proporcionando al resto de accionistas de la empresa un información adulterada del estado económico de la misma.