Eduardo Ranz ha presentado ante el Defensor del Pueblo una queja por el incumplimiento de nueve exhumaciones en el Valle de los Caídos a raíz de una sentencia dictada por un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial en 2016.
El abogado de un nutrido grupo de víctimas del franquismo alega que en un auto dictado en 2016 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial "los familiares" obtuvieron el reconocimiento de su derecho a que los cadáveres de sus allegados fueran exhumados del Valle de los Caídos y trasladados donde decidieran.
En concreto, Ranz menciona el auto que ya reconoció en 2016 dicho derecho a los familiares de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, fusilados en 1936 por los franquistas, enterrados en Calatayud (Zaragoza) y luego reinhumados sin permiso de la familia en el Valle de los Caídos en 1959.
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La queja al Defensor del Pueblo pide el cumplimiento de la resolución y que se informe periódicamente a las familias de los hermanos Lapeña y de otras siete víctimas de los avances del proceso para la localización de los restos y su entrega a sus allegados.
Eduardo Ranz comenta que "pese a que el auto judicial es firme y que en 2018 hubo un conocido cambio de gobierno no se ha dado cumplimiento al mismo, vulnerándose lo establecido en el artículo 118 de la Constitución".
Recuerda que este precepto establece que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".
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Ranz dice que para evitar reclamaciones judiciales nuevas y en el caso de no obtener una resolución satisfactoria elevará la pretensión ante el Parlamento Europeo.
"Es un dolor encarnizado y si por las víctimas fuera la exhumación en el Valle se habría producido hace años, pero el destino de las víctimas no está en manos de ellas, el tiempo se nos agota y es algo que solo puede materializar el ministro de la Presidencia", concluye el letrado.