La mano tendida por el PSOE en el Congreso los Diputados tras la ruptura del PP con Vox durante el recién finalizado debate sobre la moción de censura a Pedro Sánchez ha tenido réplica en Madrid en donde, según ha podido conocer La Vanguardia, Isabel Díaz Ayuso ha autorizado a la Abogacía General a desistir de las acciones judiciales interpuestas contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por el cambio de Fase 1 durante la desescalada de mayo tras la primera ola de la pandemia.
La presidenta de la Comunidad entiende que “es imprescindible una adecuada colaboración entre las administraciones y que haya menos litigiosidad entre ellas”. El equipo de comunicación de Ayuso resalta el gesto al mostrarse “convencido de que, pese a decidir finalmente no presentar el recurso, este hubiera prosperado. Durante estos meses, ha quedado patente que las decisiones de pase de fase fueron no ajustadas a derecho”, señalan.
Las mismas fuentes recalcan que la presentación de este recurso por parte de la Comunidad de Madrid permitió que se desvelara que nunca existió un comité de expertos que avalara los cambios de fase y que, por lo tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez mintió.
Sin embargo, tras cinco meses y dada la realidad actual de la crisis sanitaria causada por la Covid, el Ejecutivo presidido por Díaz Ayuso entiende que es necesario un cese de las hostilidades en favor de un mayor entendimiento y cooperación entre las diferentes administraciones.
Fue el pasado 20 de mayo cuando la Comunidad de Madrid esgrimió sus “dudas razonables” acerca de que los indicadores se estuvieran aplicando de manera homogénea para todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad, lo que les hizo cuestionarse la “validez jurídica de la decisión, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del respeto al principio de igualdad”.
El Ministerio de Sanidad justificó en una rueda de prensa el primer rechazo por la falta de mecanismos de detección precoz de la Covid-19 en la población, entre otras causas. En la segunda ocasión, alegó en su informe la necesidad de consolidar el papel de la Atención Primaria y de ampliar la capacidad para hacer pruebas PCR “ya que podría resultar insuficiente en caso de brote”.