Dos años de prisión para el exalcalde popular de la localidad granadina de El Pinar, Francisco Titos, por un delito de acoso sexual y otro de agresión sexual continuado cometido contra una concejal de su mismo partido. Así se recoge en la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 6 de Granada, en la que reza que la pena es firme después de que ambas partes llegaran a un acuerdo de conformidad.
El que fuera primer edil de este pequeño municipio de poco más de 800 habitantes, deberá pagar una indemnización de 25.000 euros a la víctima en concepto de perjuicios psicológicos y daño moral sufrido, así como le queda prohibido acercarse ni comunicarse con la política durante un periodo de cinco años.
Aunque la abogada de la víctima, María Gallego Cano, ha afirmado sentirse “satisfecha” con la condena, ha querido poner el foco en la manera en la que el partido ha tratado a la concejal durante este proceso dejándola “marginada” y sin el “respaldo” del grupo.
La sentencia es firme después de que las partes llegaran a un acuerdo
En la resolución, la jueza considera probado que la víctima “se vio sometida” por parte del entonces alcalde a “un trato totalmente denigrante que incluyó en variadas ocasiones sometimientos que atacaron su libertad sexual”, provocando una situación “gravemente intimidatoria, hostil y humillante”. Además, según relata la sentencia, el condenado llegó a agredir sexualmente en reiteradas ocasiones a la mujer, que requirió baja médica a consecuencia de estos hechos. Por todo ello, ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de acoso sexual con prevalimiento; y a un año y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual continuado por unos hechos sucedidos entre agosto de 2022 y noviembre de 2023.
Fue en abril cuando diera comienzo el proceso judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Órgiva (Granada), competente en Violencia Sobre la Mujer. Unos meses antes, Titos presentó su dimisión y fuentes del PP confirmaron entonces que también había formalizado su baja en el partido.
La víctima, “marginada” y “desplazada” del espacio público
La defensora de la víctima, María Gallego Cano, se ha mostrado “satisfecha” con la condena, pero ha señalado su “preocupación” por el tratamiento público hacia las mujeres que denuncian, considerando que “no podemos consentir como sociedad que sea a la víctima a la que se cuestione y se desplace del espacio público”.
De hecho, la concejal ha manifestado “no haber sido respaldada por su equipo de gobierno” durante todo este tiempo y que, tras haber recibido el alta médica y reincorporarse, el pasado agosto, “la actual alcaldesa decidió revocarle las competencias delegadas y su retribución económica”.
Según el relato de la afectada, “Al contrario que otros partidos de la oposición, el Partido Popular no le ha mostrado en ningún momento su apoyo” y denuncia haber sido ”marginada“ desde que interpuso denuncia, habiendo llegado a recibir una llamada con ocasión de unas Jornadas por la Igualdad organizadas por la Cooperativa San Roque para que ”no asistiese pese a estar inscrita porque preferían que asistiese el exalcalde", que tenía una orden de alejamiento respecto de ella en ese momento.