La batalla de la financiación autonómica, que es uno de los pulsos de esta extraña legislatura, donde el gobierno no gobierna debido al desgaste súbito de la mayoría parlamentaria de la investidura, pero se encastilla en el poder; y la oposición finge una alternativa política más escénica que eficaz, se asemeja a un relato de realismo mágico. Según Arturo Uslar Pietri, el crítico y escritor venezolano que inventó el término, el género literario que Gabriel García Márquez convirtió en universal, aunque sus mejores espadas fueran el cubano Alejo Carpentier y el mexicano Juan Rulfo, funciona a través de la negación (poética) de la realidad.
Es el mismo sustrato del acuerdo PSC-ERC que llevó a Salvador Illa a la presidencia del Govern y, de forma simultánea, ha encendido la luz de alarma en el resto de cancillerías regionales, temerosas de que la salida de Catalunya del régimen fiscal común suponga una merma del dinero que el Estado utiliza para redistribuir la renta estatal en otros territorios.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, durante el acto celebrado en Alfafar (Valencia)
El miedo del resto de autonomías no es ficticio, sino tangible. Andalucía perdería del orden de 6.000 millones de euros cada año, cantidad a sumar a la infrafinanciación crónica que padece desde 2009, que asciende a 12.000 millones de euros, a razón de 1.522 cada año. El elemento real-maravilloso tiene que ver con la distinta interpretación (política) de estos datos.
Los socialistas meridionales, por ejemplo, los leen partiendo de una contradicción: por un lado, admiten la insuficiencia de fondos procedentes del Estado, que cifran en 4.000 millones; por otro, insisten en que Andalucía recibe más ayudas y subvenciones de los gobiernos de Pedro Sánchez en comparación con los fondos gestionados por los ejecutivos de Rajoy.
Moreno Bonilla y Pedro Sánchez en la Moncloa, una de sus escasas reuniones en los últimos cinco años
La derecha, que gobierna en el Sur desde hace seis años, en cambio, ha tomado el relevo del PSOE del Antiguo Testamento –el anterior al sanchismo– y clama todos los días en contra de la desigualdad, la asimetría y la insolidaridad que provocará un cupo catalán, cuya implantación significa para Andalucía el deterioro de sus servicios públicos y más impuestos. O ambas cosas. El PSOE y el PP han intercambiado por completo sus relatos políticos sobre Andalucía: la izquierda defiende ahora la asimetría tributaria que durante cuarenta años criticó y la derecha apela a la igualdad entre territorios que históricamente le parecía secundaria.
También han cambiado sus guiones los presidentes del Govern y de la Junta, igual que en una comedia de Moliere. El líder del PSC, que gobierna tras haber tenido que hacer suya parte de la agenda soberanista de ERC, defendió en el Parlament a comienzos de este mes la singularidad fiscal con una frase –“Catalunya no quiere ser ni más ni menos que nadie”– que es exactamente la misma que desde Andalucía se utilizó en 1977 para reclamar una autonomía de primera, frente a la España de dos velocidades que pretendía instaurar la UCD.
Moreno Bonilla y Ximo Puig en 2001
Lo de Illa no deja de ser retórica: el acuerdo PSC-ERC, desde su misma enunciación, persigue obtener más recursos para Catalunya (competencias fiscales, recaudación integral, monopolio tributario) a cambio de poner menos fondos (en solidaridad) y durante mucho menos tiempo. La legislación vigente y la Constitución obligan a hacer lo contrario de forma indefinida.
Que el PSOE haya aceptado uno de los dogmas esenciales del independentismo –el dinero de los impuestos estatales en Cataluña no es un derecho español, sino una concesión voluntaria de la soberanía fiscal catalana–, al margen de que cuaje la idea de un concierto similar al vasco o al navarro, es una victoria para el nacionalismo, a pesar de su declive electoral.
Los líderes del PSC, Salvador Illa, y del PSOE andaluz, Juan Espadas, en rueda de prensa en el Parlament Bernat Vilaró
Andalucía, en cambio, tiene que volver a agitar el agravio –objetivo– que implica la salida de Catalunya de la Hacienda común para impedir (o lograr limitar) la singularidad catalana. Pero la cuestión clave es que en el Palacio de San Telmo –sede de la presidencia de la Junta– no tienen todavía claro cómo pasar de las musas (airadas) al teatro (con actores en el escenario).
Moreno Bonilla ha lanzado el mensaje de que no aceptará que “un catalán tenga más que un andaluz” sin reparar en que esto mismo ya sucede desde hace mucho tiempo. No sólo por la diferencia secular de renta entre ambos territorios, sino porque la recaudación tributaria es dispar, también lo es la deuda –una condonación porcentualmente idéntica supondría mutualizar la deuda catalana, que es muy superior a la meridional– y, sin duda, los recursos del Sur son (y van a seguir siendo mucho tiempo) inferiores a los del Nordeste de España.
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El Quirinale lanza sus altavoces institucionales frente la desigualdad pero, en su hoja de ruta, tolera momentos pasajeros de armisticio, como evidencia que el presidente de la Junta, nacido en Barcelona, diga: “No vamos contra nadie. No hay otra comunidad que ame tanto a Catalunya como nosotros, queremos que les vaya bien, pero también queremos lo mismo que Catalunya”. Estas manifestaciones coinciden con el deseo de Salvador Illa de visitar Andalucía dentro de una ronda de encuentros institucionales. Una tregua, sin embargo, no es más que un paréntesis dentro de cualquier guerra. La cordialidad bélica no equivale la paz.
A pesar de coincidencia de ambos presidentes autonómicos en deslindar el trato institucional de su posición política, la convergencia entre Catalunya y Andalucía es la cuadratura de un círculo. Ambas están unidas, pero por el cordón umbilical de la cohesión territorial, que no distingue –no es su objetivo– el origen de los impuestos del lugar al que se destinan.
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De ahí que la reunión de este viernes en la Moncloa entre Pedro Sánchez y el jefe del PP andaluz, que encarna la vía alternativa de Génova al peronismo madrileño de Ayuso, vaya a limitarse, salvo sorpresas, a reiterar las diferencias entre Ferraz y San Telmo. Moreno Bonilla no piensa aceptar la trampa de la bilateralidad –la fórmula catalana es la táctica del gobierno para intentar abrir una fisura en el frente político de las once autonomías que dirige la derecha–, reclamará inversiones estatales y es dudoso que asuma la condonación de la deuda.
Moncloa insistirá –cosa que paradójicamente no se ha atrevido nunca a hacer en Catalunya– en sus críticas al ejercicio de la autonomía tributaria de la Junta, que baja impuestos al mismo tiempo que se queja de estar mal financiada. El encuentro será un cita entre adversarios. Esta batalla, aunque se lidere desde las instituciones, no está en los palacios. Se libra en la calle.
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Si Moreno Bonilla logra articular un frente de oposición junto a otras autonomías –el pacto con Valencia, ensayado ya en tiempos de Ximo Puig, va a renovarse con Manzón– y saca a un número considerable de andaluces a la calle este otoño, en las capitanías (políticas) de Barcelona y Madrid la inquietud sobre el desenlace de la guerra autonómica, que se sabe cómo ha empezado pero se desconoce cómo acabará, puede mudar en honda preocupación.
Ya lo escribió Josep Pla: “La vida es algo complicado y difícil, imposible de describir, que consiste en ir haciendo”. Lo mismo sucede con la financiación autonómica. Sin nacer, ya tiene más nombres y epítetos (sublimes) que el dios del Islam: “Dios, que es singular, tiene noventa y nueve nombres, cien menos uno. Quien los cuente entrará en el Paraíso” (Mahoma).
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