Los alcaldes de Verges y Celrà no irán a juicio por el corte del AVE en el primer año del 1-O

Los alcaldes de la CUP de los municipios de Verges (Baix Empordà) y Celrà (Gironès), Ignasi Sabater y Dani Cornellà, no irán a juicio por el corte del AVE durante el primer cumpleaños del 1-O porque, una vez cerrada la investigación, ni la fiscalía ni Adif los acusa. La Policía Nacional los arrestó el 16 de enero del año pasado en el marco de un operativo que se saldó con 16 detenciones.

El juzgado de instrucción número 4 investigó un total de 19 activistas y concluyó que había indicios para enviar 17 a juicio. Finalmente, la fiscalía y la abogacía del Estado en nombre de Adif solo acusan a 4 de los investigados por delitos de desórdenes públicos, daños en patrimonio público, atentado a los agentes y lesiones leves. Según informa la campaña de solidaridad con los encausados ‘21 razones’, los acusados se enfrentan a 4 años de prisión y multas por valor de 12.150 euros cada uno por delitos. El juicio se celebrará en un juzgado penal de Girona.

Adif acusa a 4 de los 17 activistas investigados

Los acusados se enfrentan a 4 años de prisión y multas de 12.150 euros por cada uno de los delitos

El 16 de enero del año pasado, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de 16 activistas (entre ellos los alcaldes de Verges y Celrà) por, supuestamente, participar en el corte del AVE a Girona durante el primer cumpleaños del 1-O. Una intervención policial polémica, que despertó numerosas críticas y movilizaciones de protesta. De hecho, tanto los afectados como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, llegaron a denunciar la Policía Nacional por detención ilegal, a pesar de que la causa quedó archivada.

Una vez cerrada la instrucción, el juzgado resolvió que había indicios para enviar a juicio 18 de los encausados por desórdenes públicos y daños a la circulación ferroviaria. El juzgado archivó la causa a uno de los investigados porque las imágenes de la cámara de videovigilancia donde la policía lo identificaba no eran concluyentes y porque aportó un testigo que lo situaba trabajando en aquella hora.

La Policía Nacional detuvo 16 personas

El juzgado archivó la causa a uno de los activistas porque las imágenes de la cámara de videovigilancia no eran concluyentes

La defensa de los encausados, encabezada por los abogados Montserrat Vinyets y Benet Salellas, recorrió la interlocutoria del juzgado a la Audiencia de Girona. Los letrados argumentaban “la inexistencia de indicios” contra los encausados y posaban en entredicho que la Policía Nacional los identificara “con una simple comparación” de las imágenes de las cámaras de videovigilancia con fotografías extraídas de las redes sociales.

La Audiencia estimó parcialmente el recurso de la defensa y archivó la causa, también, contra el fotoperiodista Carles Palacio porque “se encontraba al lugar de los hechos por su condición de reportero gráfico o fotoperiodista, con la función de informar sobre el que estaba pasando”.

De los 17 activistas investigados, la fiscalía y la abogacía del Estado solo han formulado acusación por 4. Según informan al comunicado, las acusaciones se centran en aquellos investigados que, según los atestados policiales, fueron identificados en la concentración exterior de la estación del AVE. Esto quiere decir que el resto de los investigados, incluyendo los alcaldes de Verges y Celrà, no irán a juicio y se acuerda archivar la causa para 13 de los activistas que continuaban imputados.

Los alcaldes de Verges y Celrà no irán a juicio

Las acusaciones se centran en aquellos investigados que fueron identificados en la concentración exterior de la estación del AVE

La campaña de solidaridad con los encausados por las movilizaciones a Girona durante el primer cumpleaños del 1-O, que se bautizó como ‘21 razones’, subraya que, a pesar del archivo para la mayoría de los encausados, continúa “el constante intento de criminalización” contra el independentismo. “Solo movilizadas y organizadas nos será posible romper el muro antidemocrático del estado español”, afirman.

En este sentido, subrayan que seguirán “luchando para continuar ejerciendo el derecho a la autodeterminación y para conseguir la libertad de todos los presos y presas políticas”. Al comunicado, también hacen un llamamiento a la solidaridad y piden a la sociedad que esté atenta a las convocatorias y acciones a través de las redes sociales.

Una campaña de solidaridad con los encausados

Los activistas de ‘21 razones’ piden a la sociedad que esté atenta a las convocatorias y acciones a través de las redes sociales

La formulación de los escritos de acusación y la apertura de juicio oral llega después del primer juicio contra un activista por las movilizaciones del primer cumpleaños del 1-O. Jordi Alemany se enfrentaba inicialmente a 5 años de prisión por, presuntamente, irrumpir en la sede de la Generalitat en Girona y descolgar la bandera española de la fachada.

Al final del juicio, pero, la fiscal retiró la acusación por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones y daños. Solo mantuvo la acusación por desórdenes públicos y ultraje a la bandera, solicitante 1 año de prisión y multa por valor de 1.260 euros.