La decisión del gobierno municipal de Lugo de mostrar su respaldo al pueblo palestino, afectado por el asedio de Israel durante años y especialmente desde octubre de 2023 tras los ataques de Hamás, ha generado controversia entre los ciudadanos, según ha publicado El Progreso.
En octubre de 2024, una vecina presentó una queja ante la Valedora do Pobo solicitando que se restableciera la “neutralidad institucional”. Ahora, ha dado un paso más y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que intervenga en el asunto.
Según la ciudadana, su argumentación se basa en la Ley de Banderas y en diversas resoluciones judiciales, sosteniendo que el gobierno local, concretamente el área de Cultura liderada por el BNG, está haciendo “un uso inapropiado y partidista del poder conferido por las urnas”. A su juicio, el Concello se ha posicionado en un conflicto armado, lo que vulnera la pluralidad ideológica y religiosa de los ciudadanos.
La presencia de la bandera palestina en edificios municipales empezó en enero de 2024, cuando Rubén Arroxo asumió la alcaldía de forma interina tras la renuncia de Lara Méndez y antes de la toma de posesión de Paula Alvarellos. Inicialmente, la bandera se colocó en el balcón del ayuntamiento durante un mes. Después, la trasladadaron a O Vello Cárcere, un edificio público sin la consideración de oficial.
El problema aumenta aún más cuando, el BNG no solo ha mantenido la bandera en ese mismo sitio, sino que recientemente la ha reemplazado por otra de mayor tamaño debido al deterioro de la anterior.
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Desde que recibió la denuncia en octubre, la Valedora do Pobo ha enviado dos requerimientos al Concello pidiendo explicaciones sobre la colocación de la bandera en O Vello Cárcere. Sin embargo, la concejalía de Cultura no ha respondido. Ante esta falta de respuesta, la Valedora ha informado a la denunciante que enviará una nueva solicitud y, si la situación persiste, emitirá una advertencia sobre las posibles consecuencias legales.